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Propiedad Intelectual. Una luz en la recuperación económica.

Brasil, uno de los países mas afectados por el coronavirus, está apostando a la propiedad intelectual como una “correa de transmisión” para la recuperación económica en el mundo post- pandemia, dice Luiz Edgard Montaury Pimenta.

Por Luiz Edgard Montaury Pimenta, presidente de la Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)

Brasil, uno de los países mas afectados por la crisis del coronavirus, está apostando a la propiedad intelectual como una “correa de transmisión” para la recuperación económica en el mundo post- pandemia. En las innumerables acciones que se están emprendiendo en su oficina de marcas y patentes, el Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI), destacándose por las mejorías de su sistema de patentes, se está convirtiendo en una plataforma segura sobre la cual el país alzará vuelo en el futuro. Es la “luz al final del túnel” que faltaba para la innovación en Brasil.

Durante décadas la concesión de una patente demoraba de diez a catorce años, llegando a alcanzar hasta quince años en algunos sectores, como por ejemplo el de electrónicos. Pero ese era el INPI del pasado. Hoy, con la búsqueda incansable por mayor productividad, reduciendo expresivamente los plazos de sus exámenes, la autarquía brasileña está aproximándose rápidamente a los niveles de eficiencia de sus congéneres mundiales. En la USPTO (Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos), en la EPO (Oficina Europea de Patentes) o en la JPO (Oficina Japonesa de Patentes), el plazo de concesión de una patente dura un promedio de tres años.

El “Programa de Combate ao Backlog de Patentes” lanzado por la dirección de la autarquía en septiembre del año pasado, con la ambiciosa meta de reducir un 80% el stock de pedidos pendientes de examen hasta el 2021, no paró ni siquiera durante la pandemia. Desde el mes de marzo de este año los examinadores trabajan en régimen de home office con un aumento del 30% de la productividad. Los stocks de 160 mil pedidos pendientes de examen al comienzo del programa disminuyeron para 103 mil pedidos y todos los días continúan bajando. La reducción del backlog de patentes, una antigua reivindicación de la ABPI, tiene un efecto “cascada” sobre el tiempo de análisis de los pedidos de exámenes de patentes que llegan al INPI.

Reducir este stock no ha sido siempre fácil. Desde los temores del año pasado, la asociación de funcionarios del INPI ha cuestionado la forma como viene conduciéndose el programa de “Combate de Backlog de Patentes”, inclusive judicialmente. Sin embargo, la decisión de la jueza federal Márcia Maria Nunes de Barros, del 13 ° Tribunal Federal de Río de Janeiro, que rechazó una solicitud de orden judicial referido a esta cuestión, permitió la continuación del programa. Durante el proceso, ABPI entre otras instituciones, se manifestó como amicuscuriae con argumentos favorables al programa.

El tiempo de concesión de las patentes requeridas junto al INPI en la condición de “examen prioritario” se ha reducido mucho. La lista incluye entre otras, las tecnologías verdes, aquellas para tratamiento del Covid-19, los acuerdos PPH (PatentProsecutionHighgway), depositantes ancianos o deficientes y las empresas pequeñas y medianas. El plazo promedio de concesión de una patente en estos casos es inferior a un año.

En el registro de marcas el tiempo de examen se redujo aún mas drásticamente para un tiempo de ocho meses.

En el ámbito del Protocolo de Madrid, al cual Brasil se adhirió en octubre del año pasado, ya suman ochenta y seis solicitudes originadas en Brasil, mientras que los designados del exterior para el país ultrapasan los seis mil pedidos. Una solicitud de acuerdo al protocolo precisa ser evaluada como máximo en 18 meses, pero el INPI lleva menos de ocho meses promedio para conceder una marca. 

Los usuarios del sistema brasileño de propiedad intelectual se alegran al saber que la oficina brasileña de marcas y patentes está abandonando el tiempo del atraso en los exámenes. Ciertamente quedarán mas satisfechos cuando la autarquía concluya su programa de gestión, actualmente en curso, que prevé la revisión de todos sus procesos. Dirigido por un consorcio de consultorías financiado por el ProsperityFund del gobierno británico, con aportes de 3 millones de libras esterlinas, el programa comenzó este año con una duración prevista de tres años.

Es el golpe de misericordia en el INPI del pasado.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 79