Impactos de la Decisión Andina 486 sobre la Propiedad Intelectual en los países de la CAN

Con ocasión de los 20 años de la Decisión Andina 486 de 2000, queremos aprovechar para referirnos brevemente a los aspectos que ésta introdujo en la normatividad comunitaria.

Por Miguel Rujana, ClarkeModet Colombia

Con ocasión de los 20 años de la Decisión Andina 486 de 2000, que se cumplen este 3 de diciembre, queremos aprovechar para referirnos brevemente a los aspectos que ésta introdujo en la normatividad comunitaria sobre propiedad industrial, y hacer una reflexión sobre la necesidad de potencializar su utilidad para los países de la CAN.

Al suscribir en 1969 el Acuerdo de Integración Subregional Andino, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Venezuela se propusieron impulsar su desarrollo de manera conjunta, mediante la integración y la cooperación económica y social. Conforme al artículo primero del acuerdo, se buscaría acelerar el crecimiento de los países miembros, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Así las cosas, se puede considerar que la creación de la Decisión 486 de 2000 representa una búsqueda por el desarrollo económico de las naciones andinas desde dos dimensiones esenciales:

(i) Desde el ámbito formal, pues se gesta en el contexto de “interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios” (Scotti, 2013), lo que impulsa la suscripción de acuerdos multilaterales cuyo fin es el crecimiento económico a través de la colaboración entre países miembros.

(ii) Desde la materia que regula, en tanto, en el mundo globalizado, el desarrollo económico se considera directamente conectado a la innovación y protección de propiedad intelectual.

En cuanto al contenido específico de la Decisión Andina 486 y, de acuerdo con Mendoza Munar en su artículo Análisis de la propiedad industrial en Colombia: un análisis de la decisión andina 486 del año 2000, su característica esencial es el enfoque en lo procedimental y la claridad de sus normas. Esto permitió crear un sistema transnacional de registro de propiedad industrial de acceso unificado que resulta de inmenso beneficio para desarrolladores y creadores, tanto de países pertenecientes a la CAN como ajenos a ésta.

También vale resaltar que el acuerdo incorporó aspectos fundamentales para los fines de integración y desarrollo, como los principios de Trato Nacional y de Nación más Favorecida, cuyo origen se fundamenta en la necesidad de adecuar el régimen de propiedad industrial a los estándares establecidos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC, cómo lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en su nota conmemorativa.

Igualmente se incluyeron disposiciones relativas al patrimonio biológico y genético, a los conocimientos tradicionales y a la propiedad intelectual en relación con el comercio, entre otros.

Es válido afirmar que los países de la CAN depositaron en la decisión Andina 486 de 2000 una expectativa fundamental en el desarrollo de sus economías. Sin embargo, la normatividad comunitaria en materia de propiedad intelectual por sí sola no ha sido suficiente para catapultar ese desarrollo económico.

Si bien la regulación ha sido atractiva para compañías en países desarrollados, por cuanto encuentran en Latinoamérica un sistema sólido de protección de sus productos, la mayoría de estos desarrollos no son explotados en los países miembros de la CAN. Esto lo señala, por ejemplo, las cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia según las cuales, entre el 2000 y el 2019, se han otorgado más de dos millones de patentes, pero solo 11.51% pertenecen a residentes nacionales, mientras que el 88.49% pertenecen a no residentes (Mendoza Munar).

Sobre este particular vale la pena señalar lo planteado por Ballesteros García y Bulla De La Hoz en su artículo de 2016 Incidencia de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional y empresarial en el contexto de globalización actual, para quienes los Estados Miembros deben “establecer políticas comerciales definidas, orientadas a los modelos económicos emergentes, tal como lo es el de los activos, el comercio y la diferenciación mediante intangibles”.

En conclusión, la Decisión Andina 486 de 2000 representa un modelo regulatorio acertado que establece un marco de protección idóneo, dentro del contexto de desarrollo económico globalizado enfocado en la innovación. Sin embargo, los Estados Miembros deben encaminar mayores esfuerzos en el impulso y desarrollo de políticas públicas que fomenten la creación, y que faciliten los procesos empresariales y comerciales. Solo de esta manera, la gestación de modelos de negocio y desarrollo de productos basados en la innovación catapultarán el desarrollo económico, mientras se benefician de la robusta protección que la decisión Andina 486 de 2000 les ofrece.