Patentes

Reformas procesales en Colombia: ¿una oportunidad de armonización en litigio de patentes?

Si bien existe todavía mucha especulación sobre las implicaciones prácticas de estas reformas, lo cierto es que al menos teóricamente han sido promovidas con el objetivo de reducir la congestión judicial en el Consejo de Estado.

Por Carlos Tamayo y Liliana Galindo, OlarteMoure & Asociados

En el marco de un litigio civil por infracción de patente, existen dos mecanismos de los cuales puede servirse el demandado para procurar la defensa de sus intereses: cuestionar la existencia de la infracción, o desafiar la validez de la patente que pretende ser usada en su contra.

Frente a los mecanismos mencionados, existen en el mundo sistemas unitarios y sistemas bifurcados. Los primeros permiten cuestionar la validez de una patente como defensa en el marco de la acción de infracción, para que el juez que conoce de la pretensión de infracción sea quien tramite y decida sobre la nulidad del acto en cuestión. Por su parte, en los sistemas bifurcados, el juez de la infracción carece de tal competencia y por tanto el demandado debe iniciar un proceso ante una autoridad judicial distinta cuando pretenda atacar la validez del acto de concesión.

Los sistemas unitarios cuentan con numerosas ventajas, dado que estos poseen la potencialidad de resolver los distintos puntos de una misma controversia de manera unificada. Bajo el segundo sistema, la situación llega a ser distinta, puesto que este opera bajo el riesgo de obtener decisiones contrarias y distantes temporalmente.  

Una de las jurisdicciones que maneja un sistema bifurcado para temas de litigio de patentes es Colombia. El sistema bifurcado adoptado en el país, tiene su principal fundamento en la enorme presunción de validez con que cuentan los actos administrativos y que solo se desvirtúa ante una sentencia judicial en firme del juez administrativo.

Aunque lo anterior no es impedimento para procurar el equilibrio entre las partes de un litigio por infracción de patentes, lo cierto es que el prolongado lapso que puede separar la decisión civil de la decisión contencioso administrativa, sumado a la ausencia de canales de comunicación efectivos entre una y otra jurisdicción, pueden llevar a que ocurra lo contrario.

En efecto, actualmente en Colombia los procesos de nulidad contra las resoluciones de concesión de una patente son conocidos en única instancia por el Consejo de Estado que, como máxima autoridad de lo contencioso administrativo, suele tardar un promedio de 8 años en resolver los asuntos de este tipo (existen casos extremos en que las decisiones han tomado hasta 16 años en ser adoptadas), lo cual implica que alegar la nulidad de la patente resulte una defensa más teórica que práctica.

Ante este dilema, se podría pensar que el demandado en una acción de infracción puede acudir al mecanismo de prejudicialidad, es decir la posibilidad que otorga la ley procesal de suspender un proceso adelantado ante los jueces civiles cuando quiera que el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia en única o segunda instancia, y la sentencia a ser adoptada dependa de la decisión que deba ser tomada en otro proceso judicial.

Sin embargo, los tiempos que generalmente separan una decisión civil de una administrativa hacen que los jueces que en segunda instancia conocen de una infracción sean evasivos a conceder la suspensión por prejudicialidad, en la medida que ello supondría detener la emisión de su propia sentencia por un periodo de al menos 8 años.

Por otra parte, se podría considerar la posibilidad de solicitar una medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo que concede una patente, en el marco del proceso de nulidad. Sin embargo, la dificultad práctica de acudir a este mecanismo en asuntos de propiedad industrial se da porque la facultad del Juez para otorgar dicha medida cautelar puede verse limitada por la incidencia del derecho andino, bajo el cual toda decisión relativa a estos asuntos (por ser la nulidad un proceso de única instancia) debe estar precedida obligatoriamente de una Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

Lo anterior ha llevado a que el Consejo de Estado haya señalado que adoptar una medida cautelar en asuntos de propiedad industrial supone fijar el alcance de las disposiciones andinas involucradas, lo cual corresponde a una competencia exclusiva del TJCA bajo la cual la autoridad colombiana se ha abstenido uniformemente de decretar la suspensión de actos administrativos de este tipo.

No obstante lo anterior, recientes reformas procesales adoptadas en Colombia buscan abrir paso a un panorama distinto en materia de litigio de patentes, bajo el cual los inconvenientes antes mencionados pueden llegar a ser superados ante la creación de auténticos puentes de comunicación entre las jurisdicciones involucradas.

En efecto, el pasado 25 de enero de 2021, el Congreso colombiano expidió la Ley 2080 mediante la cual reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), incorporando varias reformas de suma relevancia en el ámbito de la propiedad industrial y el derecho de patentes.

Particularmente, la Ley 2080 de 2011 modificó tanto la competencia como el trámite de las acciones de nulidad en contra de los actos administrativos de concesión de un derecho de esta naturaleza, señalando que a partir del 26 de enero de 2022 dichos asuntos serán tramitados en un proceso de doble instancia que iniciará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento donde se encuentra ubicada la capital colombiana) y culminará ante el Consejo de Estado. 

Si bien existe todavía mucha especulación sobre las implicaciones prácticas de estas reformas, lo cierto es que al menos teóricamente han sido promovidas con el objetivo de reducir la congestión judicial en el Consejo de Estado, buscando permitir que estos asuntos sean resueltos de manera más expedita por un tribunal de menor jerarquía.

Aunque habrá que ver si tales intenciones se materializan en la práctica, lo cierto es que en caso de que lo propio ocurra, podría abrirse camino la idea de que un juez de segunda instancia en un proceso de infracción de patente pueda suspender su decisión ante la existencia de una decisión de nulidad próxima, pues de acortarse y aproximarse los tiempos entre una y otra decisión judicial, se eliminaría ese estímulo que hoy lleva a que el juez de la infracción sea reacio a suspender su proceso por el hecho de que exista una pretensión de nulidad en curso.

Igualmente, al concebirse la nulidad como un proceso de doble instancia, podría ocurrir que el Tribunal Administrativo llegue a considerar que existe una mayor facilidad para resolver y decidir medidas cautelares encaminadas a la suspensión provisional del acto de concesión de la patente, en la medida que la suya sería una decisión de primera instancia, y la Interpretación Prejudicial del TJCA no sería ya un requisito obligatorio para su expedición.

En todo caso, habrá que ver cómo las recientes reformas se aplican en 2022 y si aquéllas en efecto pueden otorgar mayor armonía al procedimiento bifurcado adoptado por Colombia en materia de litigio de patentes.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 82