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Una mayor protección a las comunidades indígenas y afroamericanas

El presente artículo tiene como objeto dar a conocer e informar sobre la nueva ley que otorga una mayor protección y seguridad jurídica a las comunidades indígenas y afromexicanas, que nace del abuso y malas prácticas que ciertas industrias han realizado al explotar el patrimonio de ciertas comunidades sin la debida autorización, reconocimiento y debida retribución económica.

Por Javier Uhthoff Rojo, encargado del área de Derechos de Autor en Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C.

El pasado 17 de enero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas cuyo objeto principal es el reconocer y garantizar la protección y salvaguardia del desarrollo del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para la ley tendrán especial protección las tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, los lugares sagrados y centros ceremoniales, objetos de culto, sistemas simbólicos o cualquier otro que se considere sensible para las comunidades, a fin de garantizar sus formas propias de vida e identidad, así como su supervivencia cultural.

En ese sentido, el derecho de propiedad colectiva de que gozan pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se traduce en un derecho real basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales. Reconociendo en todo momento el derecho de libre determinación y autonomía, formas de gobierno, instituciones, sistemas normativos, procedimientos y formas de solución de controversias de dichos pueblos y comunidades.

A la interpretación de lo anterior, se tomarán en cuenta los sistemas normativos indígenas y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, derechos indígenas y, según sea el caso, derechos de autor y propiedad intelectual, procurando la protección más amplia a los pueblos y comunidades.

Además, dicha ley provee la posibilidad de determinar en beneficio de quienes integran los pueblos y las comunidades, el uso, disfrute, aprovechamiento, comercialización o explotación de su patrimonio cultural por parte de terceros, y nulifica contratos o acuerdos en torno al patrimonio colectivo celebrados por un integrante a título individual sujetando los derechos de las comunidades a las leyes Federal de Derecho de Autor, de Protección de Propiedad Industrial y del Código Civil.

Consecuentemente, esta legislación, amplía el panorama de protección a los derechos sobre el patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al crear el “Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, integrado por:

1. Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas;

2. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial y;

3. Comisión Intersecretarial del Sistema de Protección, en la que participarán diversas Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Cultura, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República y representación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En específico, el Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades, hace oficial la conformación del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural que, deberá ser interinstitucional y de la mano de las comunidades, y define términos como “copropietarios” y “derecho de la propiedad colectiva” toda vez que se admite la coexistencia de una propiedad colectiva en dos o más comunidades sobre una misma materia de patrimonio cultural, siempre que exista acuerdo entre las comunidades involucradas, y también se reconocen derechos de propiedad intelectual a creadores y productores individuales que sean integrantes de un pueblo o comunidad.

Este sistema de protección deberá de garantizar entre otros principios el de bioculturalidad, comunalidad, igualdad de género, igualdad de las culturas y no discriminación, distribución justa y equitativa de beneficios la libre determinación y autonomía, así como la pluriculturalidad e interculturalidad y respeto a la diversidad cultural.

En noviembre de 2018, cuando el Senador Ricardo Monreal y la Senadora Susana Harp presentaron la iniciativa de ley, se enfatizó que esta legislación estaba encaminada a que el Estado mexicano proteja y frene el robo de la cultura y patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas, ya que consideraban qué, principalmente las empresas de la industria de la moda tenían una actitud “despreciable” debido al plagio de las artesanías, textiles, cultura y arte de las comunidades originarias, sin que hubiese ningún respeto, autorización, indemnización o pago, por su uso y aprovechamiento. 

Dichos actos infractores, se definen y regulan como una “apropiación indebida” siendo esta la acción de una persona física o moral, nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley. El derecho para reclamar lo anterior no prescribirá y podrá ejercerse en todo momento a través de sus autoridades o instituciones representativas.

Es por eso, que, como herramienta a dichas comunidades, se implementan los procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una queja por el uso indebido de su patrimonio cultural, principalmente por las siguientes acciones cometidas:

-Reproducir, copiar o imitar, incluso, en grado de confusión, elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades sin autorización del titular o titulares de los derechos;

-Apropiación indebida o aprovechamiento por terceros, sin autorización y para beneficio propio, del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a que se refiere la Ley;

-Incumplimiento de los términos de la autorización otorgada para el uso, aprovechamiento o comercialización de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades;

-Otorgar autorizaciones para uso, aprovechamiento, comercialización o industrialización de elementos del patrimonio cultural a terceros, sin haber sido designado para ello por algún pueblo o comunidad indígenas o afromexicanas titular de una manifestación;

-Ostentarse como titular de algún derecho colectivo sobre elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin tener la calidad o representación de estos;

-Poner a disposición del público a través de cualquier medio electrónico conocido o por conocer elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sin su consentimiento.

Es importante mencionar que el INDAUTOR, es la autoridad para conocer de los procedimientos de mediación y de infracción en materia administrativa, siempre a elección de la comunidad o pueblo relacionado con el asunto.

Cabe recalcar que, en la defensa del patrimonio cultural, cualquier persona tiene la facultad de hacer del conocimiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que esa institución, lleve a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso promueva el procedimiento de infracción en materia administrativa ante INDAUTOR o bien, denuncie la posible comisión de ilícitos. 

La queja, se desahogará ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Cultura, así como el Institutos Nacional del Derecho de Autor y el Instituto Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

En el caso de las denuncias, la ley refiere a que serán las autoridades judiciales quienes atiendan las demandas por el uso no consentido con fines de lucro, previendo una sanción de hasta 10 años de prisión y multa a quien se apropie indebidamente de expresiones culturales tradicionales.

En conclusión, esta nueva ley, que otorga una amplia protección a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tiene amplios beneficios para dichas personas, en el sentido de que a partir de ahora las manifestaciones culturales tradicionales estarán salvaguardadas ante el uso no autorizado, cualquier tipo de apropiación cultural o plagio de su patrimonio cultural.

Sin embargo, no se consideró en el efecto negativo que esta puede traer en los beneficios económicos de las comunidades y pueblos, siendo que tanta prohibición, así como sanciones excesivas que se establecen en dicha Ley alejaría a terceras personas de buscar la manera de explotar expresiones artísticas o culturales de las comunidades por el riesgo que estas traen aparejados y por consiguiente se estaría buscando cualquier otro tipo de expresiones que signifiquen un menor riesgo para las empresas.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 84