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Quienes cometan delitos aduaneros o contra la Propiedad Intelectual podrán ser investigados como organización criminal en Perú

Una vez que se determine que estamos ante una organización criminal, es posible establecer medidas limitativas de derechos, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, e incluso cooperar internacionalmente.

 Quienes cometan delitos aduaneros o contra la Propiedad Intelectual podrán ser investigados como organización criminal en Perú

Renato Paredes.

Por Renato Paredes, BARLAW-Barrera & Asociados

El 21/12/2023, se publicó en el diario ‘El Peruano’, el decreto legislativo 1607 (en adelante, ‘DL’), que modifica la ley 30077 –Ley contra el Crimen Organizado– (en adelante, ‘LCO’). El objetivo del Legislador ha sido modificar los delitos comprendidos en este marco legal especial en contra del crimen organizado, así como la prevención, las acciones de control y las de investigación.

Debido al incremento de diversos delitos cometidos por organizaciones criminales y el surgimiento de modalidades delictivas nuevas, el Legislador busca alcanzar dos objetivos claros: (i) adecuar el marco normativo vigente a nuestra realidad social actual. Pero no sólo la adecuación normativa precitada es el objetivo del DL, (ii) reforzar del trabajo interinstitucional de las autoridades competentes. 

Por un lado, se pretende alcanzar el primer objetivo a través de la modificación del artículo 3 de la LCO. Aquí radica la novedad de la norma, pues no sólo se ordenó los delitos de proxenetismo y los delitos de trata de personas y explotación (englobados ahora en el numeral 20), sino que además se incorporan los delitos aduaneros (numeral 21) y los delitos contra la propiedad intelectual (numeral 22):

20. Delitos de trata de personas y explotación tipificados en los artículos 129-A, 129-B,129-C, 129-D, 129-E, 129-F, 129-G, 129-H, 129-I, 129-J, 129-K, 129-L, 129-M, 129-N, 129-Ñ, 129-O, 129-P; y delitos de proxenetismo tipificados en los artículos 179, 180 y 181 del Código Penal.

21. Delitos aduaneros tipificados en los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley 28008.

22. Delitos contra los Derechos Intelectuales tipificados en los artículos 217 último párrafo, 218, 220, 220-D, 220-E, 220-F, 222, 223 y 225 del Código Penal.

Por otro lado, se pretende alcanzar el segundo objetivo a través de la modificación de los artículos 14, 17, 18, 19, 25 y 28 de la LCO. Esto implica regular expresamente mandatos legales para asegurar la actuación de las autoridades, por ejemplo:

-Obligación del fiscal de informar al Juez competente cuando el Ministerio Público ordenó y ejecutó la medida del seguimiento y vigilancia (artículo 14);

-Obligación del policía de informar inmediatamente al Fiscal Penal o al Fiscal especializado en Extinción de Domino cuando se incauta objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito en una intervención en flagrancia (artículo 17);

-Precisión terminológica –proceso de extinción de dominio– y reglas aplicables a los objetos, instrumentos, efectos o ganancias precitados (artículo 18);

-Precisión terminológica de la entidad pública a cargo de la custodia de los bienes incautados –Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI)– cuando el patrimonio del Estado es afectado (artículo 19);

-Implementación de una base de datos única y en línea para Instituto Nacional Penitenciario, Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior (artículo 25); y

-Inclusión de las Técnicas Especiales de Investigación como un acto de cooperación o asistencia internacional que puede solicitar o brindar entre autoridades peruanas y extranjeras, tanto para coordinarlas y ejecutarlas (artículo 28).

Por último, en esa búsqueda del objetivo consistente en el reforzamiento del trabajo articulado, el Legislador ha incorporado tres (3) artículos a la LCO, a saber:

-Agregar la expulsión del país como pena accesoria en caso de extranjeros (artículo 23-A);

-Crear el Sistema contra el Crimen Organizado –constituido por diversas entidades públicas–, conducido por el Ministerio del Interior (artículo 31); y

-Crear una comisión multisectorial denominada ‘Consejo Nacional contra el Crimen Organizado’ para que realice propuestas sobre la materia (artículo 32).

Ahora bien, una impresión preliminar (pero razonable) es dudar de la eficacia de una política legislativa que -a priori- sólo se basaría en incluir más delitos, más obligaciones o crear más entidades. Sin embargo, una lectura más profunda del DL permitirá advertir que existe un fundamento económico que apoya esta decisión legislativa.

En efecto, el hecho de que la LCO sea aplicable a los delitos aduaneros y los delitos contra la propiedad intelectual implica reestablecer un desequilibrio en el mercado, ocasionado por el comportamiento de agentes económicos que afecta a las pequeñas y micro empresas, así como la promoción de la industria nacional. Ahora, las personas que -en conjunto- se dediquen al contrabando, subvaluación de mercancías o lucrar con productos falsificados podrán ser investigados de una manera más eficiente.

La eficiencia mencionada se alcanza con un mejor uso de los recursos del Estado. Tal y como señala Produce, la inclusión de los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual permitirá que las autoridades accedan: ‘(…) a las técnicas especiales de investigación que establece la LCO, tales como la interceptación postal e intervención de las comunicaciones, acciones de seguimiento y vigilancia, entre otros, asimismo la regulación de la técnica especial de agente encubierto. (1)

Eso sí, para que la LCO sea aplicable a una investigación sobre la presunta comisión de un delito aduanero o un delito contra la propiedad intelectual, es obligatorio confirmar la existencia de una ‘organización criminal’. Para tal efecto, el artículo 2 de la LCO permite determinar claramente cuáles son sus componentes:

-Organización (estructura organizacional y carácter permanente); (2)

-Número de integrantes (agrupación de tres o más personas); y

-Fin delictivo.

Una vez que se determine que estamos ante una organización criminal, es posible establecer medidas limitativas de derechos, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, e incluso cooperar internacionalmente. Tales medidas y cooperación pueden establecerse de manera reservada e inmediata.

Asimismo, es posible aplicar penas privativas de libertad que variarán entre los ocho (8) hasta los quince (15) años a los integrantes de las organizaciones criminales. Es que incurran en delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales. Este aumento en la prognosis de la pena podría determinar que algunos integrantes no puedan solicitar algún mecanismo de simplificación procesal.

Finalmente, es importante anotar que la aplicación del DL traerá situaciones y retos nuevos para las autoridades involucradas no sólo en la lucha contra el crimen organizado, sino también en la lucha contra la falsificación y piratería. Además, tales retos también alcanzarán a los ciudadanos (por ejemplo, titulares de derechos de propiedad intelectual), por lo que este cambio legislativo todavía recién ha empezado su propia historia. Desde nuestra perspectiva, siempre será positivo trazarse objetivos loables y ambiciosos como el propuesto por el DL en contra de la piratería y el contrabando.

(1) Recuperado el 27 de diciembre de 2023

(2) Sobre los conceptos de ‘estructura organizacional’ y ‘carácter permanente’, compartimos la postura de Jhon Hurtado Paico, en su artículo ‘¿En qué consiste una organización criminal y cómo opera la imputación de responsabilidad a sus miembros?’ (2018). Véase mayor detalle en el artículo publicado, rescatado el 27 de febrero de 2023.

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