Autor: Max Villaseca
El reto al que se enfrenta hoy la propiedad intelectual implica no solo la necesidad de evolucionar, sino también de adecuarse a la nueva realidad.
El reto al que se enfrenta hoy la propiedad intelectual implica no solo la necesidad de evolucionar, sino también de adecuarse a la nueva realidad que nos impone el vertiginoso avance de las creaciones tecnológicas. Este nuevo y cambiante escenario está enfrentando al mundo a un intenso debate jurídico —en el que destacan los temas de propiedad industrial e intelectual— y obligando a los países a modificar sus leyes, con el fin de adecuarlas a los cambios que impone la tecnología.
Así ocurre por ejemplo con Estados Unidos, que se ha mostrado particularmente prolífico al momento de legislar en materias relacionadas con la llamada era digital. Chile, por su parte, no cuenta por ahora con ninguna norma que las regule, situación que se torna aún más grave si se considera la lentitud del Congreso Nacional para revisar los proyectos de ley que se presentan. Según datos de la ONG Ciudadano Inteligente, tardan en promedio 13 meses en aprobarse cuando son presentados por el Gobierno y 31 si se trata de mociones parlamentarias.
En este contexto, cualquier ley que se promulgue en el país relacionada con las nuevas tecnologías estará obsoleta o desactualizada al momento de entrar en vigencia, porque nuestros tiempos legislativos siempre irán a la zaga de la innovación tecnológica. Lo preocupante de esto es que no estamos hablando de futurología, sino que de un presente o futuro muy próximo.
Hace pocos días la prensa informaba que un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) creó un robot escritor, capaz de generar historias de horror al que bautizaron como “Shelley”. Cabe preguntarse, entonces, ¿de quién es la titularidad de las obras que escribe Shelley?
En el Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica el tema ya se zanjó. De acuerdo a sus leyes los derechos de autor pertenecen a la persona que realizó los arreglos necesarios para llevar a cabo la obra, vale decir, a las personas detrás de las máquinas.
En Estados Unidos aún se sigue debatiendo si los trabajos generados por una computadora deberían estar protegidos por el llamado "copyright", lo que ha dado origen a una controversia en la que partidarios y detractores no se dan tregua. En tanto en países como Australia, España y México el concepto de derecho de autor está asociado a personas y ello hace muy difícil la protección por derechos de autor de este tipo de obras.
En el caso de Chile, la ley de propiedad intelectual expresamente señala que “se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual…”, es decir, tampoco contempla a un autor no humano.
En un nuevo y drástico avance tecnológico, que se espera para antes que termine esta década (2020), la convergencia entre la nanotecnología, la neurotecnología, la robótica, la biotecnología y los sistemas de almacenamiento de energía y datos produciría una fuerza superior denominada inteligencia artificial, sobre la cual el hombre perdería el control.
Dado que las legislaciones individuales de los países han sido sobrepasadas tampoco cabe esperar que, por ahora, el asunto de cómo abordar la protección de las producciones intelectuales de los robots autónomos y menos la responsabilidad de sus infracciones esté contemplado en los tratados internacionales, algo que dejó planteado el 2 de octubre recién pasado Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al inaugurar la 57ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros cuando señaló: “La velocidad a la que se produce la innovación va en aumento, y esto genera diversos desafíos para los marcos institucionales y de gobernanza en todo el mundo”.
En Chile aún estamos a tiempo para hacer frente a este importante desafío de gobernanza que plantea Gurry, para no retrasar el avance y penetración de las nuevas tecnologías e impedir con ello que puedan contribuir a nuestro desarrollo económico y social.
Es necesario que las entidades públicas actúen dentro del marco de la ley y eviten imponer cargas económicas sin sustento normativo, especialmente cuando se trata de cumplir mandatos judiciales.
A menudo mal entendido, este requisito plantea importantes desafíos para los solicitantes internacionales. Ya sea en la etapa de registro, mantenimiento o ejecución, los estándares legales que rigen el uso de marcas exigen precisión, coherencia y por sobre todo rigor probatorio.
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