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Edición Nº 93 | Mayo/Agosto 2024
Special 301: Latinoamérica en el informe de propiedad intelectual de Estados Unidos
Once países latinoamericanos figuran en el último reporte anual de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El estudio, que analiza el nivel de protección a activos de PI estadounidenses en cien socios comerciales globales de ese país, destaca avances en algunos lugares pero también evidencia persistentes desafíos en la región.
El Special 301 Report es un informe que realiza Estados Unidos sobre el estado global de la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual. Es elaborado anualmente por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), que analiza el estado de la PI en alrededor de cien socios comerciales de Estados Unidos. El informe estudia leyes, políticas y prácticas para determinar si brindan una protección adecuada a los inventores, creadores, marcas, fabricantes y proveedores de servicios estadounidenses.
Por su carácter mundial y por ser elaborado por una potencia económica como Estados Unidos, el Special 301 Report —que se denomina así porque está mandatado por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974— se volvió una referencia para muchos especialistas de la propiedad intelectual. Es un añadido a informes más neutrales de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la diferencia obvia de que tiene un enfoque cien por ciento estadounidense.
Dentro de las cien naciones socias estudiadas, la USTR publica un análisis únicamente sobre aquellas que considera que necesitan cambios en su protección a activos de propiedad intelectual. Las divide en dos: la Priority Watch List incluye en la edición 2024 a siete países que presentan las preocupaciones más significativas respecto al cumplimiento de la PI, entre ellos Argentina, Chile y Venezuela; otros veinte países integran la Watch List, una categoría que según la USTR precisa de modificaciones pero con menos urgencia y donde este año se ubican Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. La República Dominicana formaba parte de ese listado pero fue eliminada en la última edición por su avance en el combate a la piratería de señales televisivas, en la asignación de más recursos para las agencias de seguridad y en el aumento de los fiscales especializados en la materia.
El siguiente es un resumen textual país por país de las observaciones que el Special 301 Report publicado en abril realizó sobre once naciones de la región, ordenadas alfabéticamente y divididas según pertenezcan a la Priority Watch List o a la Watch List. Aunque destaca fortalezas, el reporte de la USTR se centra sobre todo en las debilidades.
Argentina
La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un desafío, con una competencia desleal generalizada de vendedores de productos y servicios falsificados y pirateados. El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue nuevamente identificado como un mercado notorio de piratería. Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo altas, con aumentos en la venta de productos falsificados que ocurren en mercados pequeños a través de vendedores ambulantes ilegales.
La Policía argentina generalmente no toma medidas de oficio, y los enjuiciamientos pueden estancarse y languidecer en formalidades excesivas. Asimismo, cuando un caso penal llega a un juicio final, los infractores rara vez reciben sentencias disuasorias.
La piratería en línea continúa creciendo debido a la poca aplicación penal en su contra. Como resultado, la aplicación de la propiedad intelectual en línea en Argentina consiste principalmente en que los titulares de derechos intenten convencer a los proveedores de servicios de Internet de eliminar obras infractoras específicas, además de intentar solicitar medidas cautelares en casos civiles. Ambos procesos pueden llevar mucho tiempo y ser ineficaces.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa trabajando en un proyecto para digitalizar solicitudes de patentes históricas. También implementó un sistema para recibir pagos de tarifas en línea y cargó toda la información estadística que refleja sus operaciones en tiempo real en línea para aumentar la transparencia.
Chile
Estados Unidos continúa teniendo preocupaciones respecto a problemas de implementación de larga data con varias disposiciones sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile.
Chile debe establecer protecciones contra la elusión ilícita de medidas tecnológicas de protección, incluyendo responsabilidad civil y penal por el acto de elusión, así como medidas penales, civiles o administrativas por el tráfico de dispositivos de elusión y la prestación de servicios de elusión.
Estados Unidos sigue exhortando a Chile a ratificar e implementar el acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991) y a mejorar la protección para las variedades vegetales.
También insta a Chile a mejorar el marco de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet para permitir acciones efectivas y expeditas contra la piratería en línea. Asimismo, lo insta a proporcionar remedios o sanciones por recibir o distribuir deliberadamente señales satelitales codificadas que son descifradas ilegalmente.
Los esfuerzos de modernización del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) continúan, lo que ha resultado en una reducción del tiempo de espera para la tramitación de solicitudes de marcas y patentes, y todas las solicitudes de patentes y casi todas las de marcas fueron presentadas en línea el año pasado.
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