La Comunidad Andina aprobó la Decisión 876 “Régimen Común sobre Marca País”

La Decisión 876 establece un régimen común para la protección de las Marcas País entre los países que conforman la Comunidad Andina con la finalidad de mejorar su protección y así evitar posibles registros o usos no autorizados.

Por BARLAW

El pasado 23 de abril de 2021, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 876 "Régimen Común sobre Marca País", aprobada por los países de la Comunidad Andina, convirtiendo a la Comunidad Andina en el primer bloque de integración en tener una norma de esta naturaleza. En efecto, la Decisión 876 establece un régimen común para la protección de las Marcas País entre los países que conforman la Comunidad Andina con la finalidad de mejorar su protección y así evitar posibles registros o usos no autorizados de signos idénticos o similares a las Marcas País en Bolivia, Colombia, Ecuador y/o Perú.

Entre algunos rasgos resaltantes de la nueva Decisión podemos destacar que se establece un procedimiento expeditivo para la protección de la Marca País del país miembro interesado, el cual se inicia a través de la comunicación a las autoridades nacionales competentes designadas y que debe dirigirse de manera simultánea a la Secretaría General de la Comunidad Andina con fines informativos. Dicha comunicación se realizará a través de un formato detallado en la Disposición Final Cuarta de la misma Decisión. Otra característica importante es que la protección que ostente la Marca País será por tiempo indeterminado y no estará sujeta a ningún requisito de uso como condición para mantener su protección.

Asimismo, la Decisión 876 establece claramente las reglas del procedimiento de infracción, el cual se iniciará de oficio contra aquel tercero que use o pretende usar una Marca País sin contar con la autorización expresa y escrita del titular o de quien ejerza los derechos de la Marca País. Se establecen también las medidas cautelares que se podrán aplicar en el procedimiento de infracción.

Por su naturaleza y finalidad, se considera que esta nueva Decisión contribuirá notablemente al proceso de recuperación económica y social de los países miembros de la Comunidad Andina, los cuales han sido fuertemente golpeados por la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19.