El artículo 19 del Marco Civil de Internet establece que los proveedores de aplicaciones solo pueden ser responsabilizados del contenido de terceros si no eliminan el material infractor después de una orden judicial específica. Dicha medida tiene como justificación teórica la protección de la libertad de expresión y protección contra la censura previa.
Rodrigo Gaspar Larocca actúa en el sector de derecho empresarial, con enfoque en lo contencioso civil de propiedad intelectual.
Por Rodrigo Gaspar Larocca, David do Nascimento Advogados Associados
El Marco Civil de Internet (Ley n.º 12.965/2014) estableció directrices fundamentales para el uso de Internet en Brasil, siendo su artículo 19 una de sus disposiciones más debatidas.
En resumen, el artículo 19 establece que los proveedores de aplicaciones solo pueden ser responsabilizados del contenido de terceros si no eliminan el material infractor después de una orden judicial específica. Dicha medida tiene como justificación teórica la protección de la libertad de expresión y protección contra la censura previa.
El debate sobre la constitucionalidad
El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de intensas discusiones sobre la constitucionalidad del artículo 19. El quid del debate está en el equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la salvaguardia de otros derechos fundamentales. La exigencia de orden judicial previa, aunque pretende impedir la censura arbitraria, ha generado preocupaciones en lo concerniente a la protección efectiva de los derechos individuales en casos urgentes.
Los defensores del artículo argumentan que su existencia es crucial para evitar una censura privada desproporcionada. Sin esa protección legal, los proveedores podrían adoptar una postura excesivamente cautelosa, eliminando contenidos preventivamente apenas para soslayar potenciales problemas legales, lo que perjudicaría el libre debate de ideas en Internet.
Retos y perspectivas
Por otra parte, los críticos señalan importantes lagunas en la legislación actual. En casos de contenidos manifiestamente ilegales, como discursos de odio o incitación a la violencia, la necesidad de esperar una orden judicial puede resultar en daños irreparables a las víctimas. Ellos abogan por una flexibilización de la norma para situaciones excepcionales, permitiendo que los proveedores sean considerados responsables de mantener contenidos claramente ilícitos, incluso sin determinación judicial.
El debate sobre el artículo 19 refleja un desafío mayor de la era digital: cómo equilibrar la libertad de expresión con otros derechos claves en un entorno en línea cada vez más complejo. A medida que la tecnología y la sociedad evolucionan, la interpretación y la aplicación de la legislación siguen evolucionando, especialmente considerando las discusiones en el STF y los cambios en el panorama digital brasileño.
La búsqueda de dicho equilibrio sigue siendo uno de los principales desafíos del derecho digital en Brasil, exigiendo una reflexión constante sobre cómo proteger, de forma simultánea, la libertad de expresión y los derechos individuales en el entorno virtual.
Es deber de los profesionales que actúan en el derecho digital seguir las discusiones respecto a la moderación de contenidos en Internet. Hemos visto movimientos importantes en este sentido, como los anuncios del grupo Meta, que optó por sustituir la moderación de contenidos por valoraciones de la comunidad, lo que causó un gran revuelo en todo el mundo.
Rodrigo Gaspar Larocca es abogado, graduado en Derecho por la Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) y con un posgrado en Propiedad Intelectual, Derecho del Entretenimiento, Medios y Moda por la Escola Superior da Advocacia (ESA/SP). Actúa en el sector de derecho empresarial, con enfoque en lo contencioso civil de propiedad intelectual, en demandas relacionadas con marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor y derecho de la competencia.
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