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La transformación del litigio de propiedad intelectual: inteligencia artificial, prueba digital y nuevos desafíos para la justicia

El futuro del litigio de propiedad intelectual dependerá no solamente de la capacidad del derecho para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también de su aptitud para preservar los principios de certeza jurídica, debido proceso y tutela efectiva de los derechos.

La transformación del litigio de propiedad intelectual: inteligencia artificial, prueba digital y nuevos desafíos para la justicia

Existe una creciente facilidad para producir o modificar contenidos digitales.

Por Claudia Stephany González Trujano, Specific IP

La evolución tecnológica está transformando profundamente la manera en que se crean, explotan y protegen los derechos de propiedad intelectual. Si bien durante los últimos años el debate jurídico se ha concentrado principalmente en determinar la titularidad de las creaciones generadas mediante inteligencia artificial, existe otra dimensión que merece especial atención: el impacto de las nuevas tecnologías en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales destinados a proteger estos derechos.

En efecto, la digitalización de las actividades comerciales, el crecimiento del comercio electrónico y la utilización de herramientas de inteligencia artificial han modificado no solamente las formas de infracción de los derechos de propiedad intelectual, sino también los medios disponibles para acreditar su existencia, explotación y vulneración.

Esta transformación plantea importantes interrogantes para las autoridades administrativas, los tribunales y los profesionales del derecho, particularmente en relación con la autenticidad de las pruebas digitales, su valoración jurídica y la necesidad de preservar las garantías procesales.

Tradicionalmente, los procedimientos relacionados con derechos de propiedad intelectual se han sustentado en pruebas documentales, inspecciones, dictámenes periciales y otros elementos destinados a demostrar circunstancias como el uso efectivo de una marca, la comercialización de productos infractores o la reproducción no autorizada de obras protegidas.

Sin embargo, actualmente una parte considerable de estas actividades se desarrolla en entornos digitales. Las plataformas de comercio electrónico, las redes sociales, los sitios web y las aplicaciones móviles constituyen espacios en los que pueden materializarse infracciones, pero también fuentes importantes de información probatoria.

En materia marcaria, por ejemplo, las publicaciones comerciales, los registros de transacciones electrónicas, las facturas digitales y los archivos de publicidad en línea pueden contribuir a demostrar el uso de un signo distintivo. No obstante, su eficacia probatoria depende de factores como la identificación de su origen, la fecha de creación, la trazabilidad, la integridad de su contenido y su vinculación con los productos o servicios correspondientes.

En el sistema jurídico mexicano, estos elementos deben analizarse a la luz de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la legislación procesal correspondiente y los principios que rigen la valoración de las pruebas.

Por ello, la mera existencia de información en medios electrónicos no necesariamente acredita, por sí misma, los hechos que se pretenden demostrar. Resulta indispensable distinguir entre la disponibilidad de un documento digital, su autenticidad y su capacidad para generar convicción respecto de una circunstancia jurídicamente relevante.

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el litigio hoy en día consiste en la creciente facilidad para producir o modificar contenidos digitales mediante sistemas de inteligencia artificial.

Actualmente es posible generar imágenes, videos, grabaciones de voz y documentos con características que dificultan distinguirlos de materiales auténticos. Esta circunstancia introduce riesgos particulares en procedimientos en los que la apariencia visual, el contenido de una comunicación o la acreditación de determinados actos comerciales pueden resultar determinantes.

Pensemos, por ejemplo, en una controversia marcaria en la que se ofrecen imágenes de productos supuestamente comercializados bajo un signo distintivo, o en un procedimiento por infracción de derechos de autor en el que se presenta un archivo audiovisual para demostrar la reproducción no autorizada de una obra.

En ambos supuestos, la posibilidad de que los materiales hayan sido alterados o generados artificialmente obliga a reconsiderar los mecanismos tradicionales de verificación probatoria.

No se trata de presumir que toda evidencia digital carece de autenticidad, sino de reconocer que las nuevas capacidades tecnológicas requieren herramientas adecuadas para evaluar su confiabilidad.

En este contexto, adquieren especial relevancia los metadatos, los registros de origen, los mecanismos de preservación de archivos, las técnicas de análisis forense digital y los dictámenes periciales especializados.

Asimismo, debe evitarse que las sospechas genéricas sobre el uso de inteligencia artificial se conviertan en argumentos suficientes para desestimar pruebas legítimas. La valoración probatoria debe continuar sustentándose en criterios objetivos, razonables y debidamente motivados.

El derecho mexicano cuenta con disposiciones que permiten incorporar medios tecnológicos a los procedimientos legales. Particularmente, los artículos 333 y 334 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establecen un régimen amplio de admisión de pruebas y reconocen facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para allegarse de elementos necesarios para esclarecer los hechos controvertidos.

Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce expresamente, en sus artículos 348 a 350, la información generada o comunicada mediante tecnologías digitales y establece criterios relacionados con la fiabilidad de los métodos utilizados para su generación, conservación y consulta.

En este escenario, el verdadero desafío consiste en desarrollar criterios jurídicos consistentes para determinar su alcance y eficacia. Ello exige distinguir entre la autenticidad del soporte tecnológico, la veracidad de la información que contiene y su pertinencia para acreditar los elementos de una acción o excepción.

En definitiva, el futuro del litigio de propiedad intelectual dependerá no solamente de la capacidad del derecho para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también de su aptitud para preservar los principios de certeza jurídica, debido proceso y tutela efectiva de los derechos.

En Specific IP, estamos convencidos de que la evolución de la propiedad intelectual exige una práctica jurídica que combine experiencia, especialización y una constante adaptación a los desafíos tecnológicos. Por ello, nuestro compromiso es mantenernos a la vanguardia en el análisis y aplicación de las nuevas tendencias jurídicas, desarrollando estrategias de protección y defensa que respondan a las necesidades de nuestros clientes y a la creciente complejidad de las controversias en esta materia.

Porque en Specific IP entendemos que proteger la innovación también implica innovar en la manera de defenderla.

Hazlo tuyo, hazlo legal.

Referencias normativas: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículos 333 y 334; Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, artículos 308, 348, 349 y 350

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