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Perú aprueba nueva Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030

De un enfoque centrado en la consolidación institucional, se ha pasado a una visión mucho más integral y proactiva, con el empoderamiento ciudadano como eje estructural.

Por Giovana Palacios - Valencia

El Gobierno del Perú ha oficializado la nueva Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030 mediante el Decreto Supremo N° 075-2025-PCM, consolidando un marco estratégico que busca fortalecer los derechos de los consumidores en un contexto económico, social y digital en evolución constante. La iniciativa, bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros y liderada por el INDECOPI, fue construida con enfoque participativo a través del Consejo Nacional de Protección del Consumidor.

Tras nueve años de haber puesto en marcha la primera estrategia nacional relacionada con este tema, la versión renovada constituye un avance significativo. De un enfoque centrado en la consolidación institucional, se ha pasado a una visión mucho más integral y proactiva, con el empoderamiento ciudadano como eje estructural. La política 2030 no solo busca proteger derechos, sino formar consumidores informados, exigentes y capaces de ejercer su rol en el mercado con autonomía, especialmente en escenarios digitales. Asimismo, presta atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, promueve el consumo responsable y sostenible, y fortalece las capacidades del Estado para fiscalizar y sancionar conductas abusivas.

La política responde a una tendencia creciente de conflictos de consumo en el Perú, que son más de 5.28 millones al 2023. Frente a ello, se han establecido objetivos prioritarios orientados a reducir el desconocimiento de los derechos del consumidor, garantizar el acceso a información para decisiones de consumo informadas, fortalecer el cumplimiento de los proveedores, asegurar mecanismos eficaces de resolución de controversias y consolidar la gobernanza institucional del sistema de protección.

El INDECOPI, como entidad técnica especializada, asume el rol de articulador del sistema, encargado de coordinar, supervisar y evaluar la implementación de los servicios definidos en la política. Esta se ejecutará a través de los planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sin implicar demandas presupuestarias adicionales al Tesoro Público.

Uno de los elementos destacables de este nuevo marco es su enfoque transversal, que incorpora principios de derechos humanos, género, interculturalidad, territorialidad y atención diferenciada, priorizando a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a prácticas abusivas en el mercado. La elaboración del documento contó con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y la participación de once entidades públicas, junto a representantes de proveedores y asociaciones de consumidores.

La aprobación de esta política no solo fortalece los derechos del consumidor en sentido tradicional, sino que también impacta directamente en el ecosistema de la propiedad intelectual. Un entorno de consumo informado y regulado fomenta prácticas comerciales transparentes, incentiva la innovación responsable y refuerza la confianza del consumidor en productos y servicios que cumplen con estándares de calidad, licenciamiento y autenticidad. De esta manera, la nueva Política Nacional sienta las bases para una cultura de respeto y fortalecimiento de la propiedad intelectual en beneficio del desarrollo económico y social del país.

El texto completo de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030 puede consultarse en el siguiente enlace oficial.