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Perú avanza hacia una regulación sanitaria más robusta y técnica

El propósito de recientes cambios anunciados por el gobierno es elevar los estándares de control y vigilancia de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en beneficio directo de la salud pública.

Por Medalith Albarracín, socia de BARLAW - Barrera & Asociados

El reciente anuncio del gobierno peruano sobre la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (APEMED) marca un cambio significativo en la arquitectura institucional del sector salud. Esta nueva entidad reemplazará a la actual DIGEMID como organismo regulador, otorgándole plena autonomía administrativa, financiera y técnica. El propósito es claro: elevar los estándares de control y vigilancia de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en beneficio directo de la salud pública.

La independencia funcional de APEMED permitirá implementar medidas regulatorias libres de interferencias políticas y bajo criterios exclusivamente técnicos. Su titular será elegido mediante concurso público y contará con un mandato de cuatro años, lo que busca garantizar estabilidad institucional y continuidad en las políticas de control de calidad. Con ello, se da un paso decidido hacia una gestión más rigurosa y profesional en la evaluación y fiscalización de productos que impactan directamente en la vida y bienestar de los ciudadanos.

Desde una perspectiva legal y de propiedad intelectual, esta reforma representa una oportunidad estratégica para fortalecer la protección de las innovaciones farmacéuticas y sanitarias en el país. Una autoridad técnica de alto nivel no solo mejora la vigilancia y control de productos, sino que también genera un entorno más confiable para las empresas que invierten en desarrollo e investigación, promoviendo el respeto por los derechos de patente y la integridad de los registros sanitarios.

Asimismo, la creación de APEMED podría contribuir a reducir los tiempos en los procesos de registro y certificación, mejorando la competitividad del sector y promoviendo el acceso oportuno a productos de calidad. Esta eficiencia regulatoria resulta clave para dinamizar la industria farmacéutica nacional y generar condiciones más atractivas para el ingreso de tecnologías médicas innovadoras.

En suma, esta iniciativa del Ejecutivo no solo fortalece la estructura institucional del sistema sanitario, sino que también proyecta una visión ambiciosa: avanzar hacia los estándares de las principales autoridades regulatorias a nivel internacional. En ese contexto, se espera que el Congreso le otorgue la debida prioridad, comprendiendo que asegurar el acceso a productos seguros y eficaces es, en esencia, una forma de proteger el derecho fundamental a la salud.