Varios

Perú regula el rol del Oficial de Inteligencia Artificial en las entidades públicas

El desafío será dotar al OIA de capacidades, recursos y coordinación efectiva para que su intervención se traduzca en sistemas confiables, protección de derechos y una gestión responsable de los activos digitales del Estado.

Por Medalith Albarracin | Socia Fundadora de Intelectia

El 21 de octubre de 2026 se publicó la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital No. 004-2026-PCM/SGTD, que aprueba la Directiva No. 002-2026-PCM/SGTD sobre el perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA). La norma, que entra en vigencia el 22 de octubre, desarrolla el marco de la Ley No. 31814, su Reglamento y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026–2030. Esta norma es importante ya que traduce los objetivos de una IA segura y responsable en funciones, mecanismos de supervisión y responsabilidades concretas dentro de la Administración Pública.

De acuerdo a la norma, el OIA cumple un papel de articulación entre la dirección institucional, las áreas que utilizan sistemas de IA y los responsables de datos y seguridad digital. Entre sus funciones figuran formular la política institucional de uso de IA, dirigir el Plan de Acción de Inteligencia Artificial y supervisar el cumplimiento normativo de los sistemas. Reporta a la máxima autoridad administrativa, ejerce autonomía técnica y cuenta con protección frente a medidas desfavorables motivadas por sus opiniones o alertas. Su designación puede recaer en personal que ya ejerza otras funciones, sin exigir la creación de una nueva plaza.

Un componente central es la gestión preventiva de riesgos. El OIA debe supervisar que las validaciones técnicas, las evaluaciones de riesgos y los análisis de vulnerabilidades se realicen antes del despliegue de los sistemas. También coordina evaluaciones de impacto para identificar sesgos y posibles afectaciones a derechos fundamentales, así como medidas de intervención o supervisión humana efectiva. Para las entidades, esto supone incorporar controles desde el diseño y la selección de soluciones, y conservar evidencia que permita evaluar su funcionamiento y las decisiones adoptadas.

En protección de datos personales, la directiva establece una coordinación expresa con el Oficial de Datos Personales y el Oficial de Seguridad y Confianza Digital, incluyendo la comunicación de incidentes. La resolución también exige salvaguardas cuando se contraten terceros para asistir al OIA y estos accedan a información institucional o datos de las personas. En la práctica, ello hace especialmente relevante revisar los flujos de información y las condiciones contractuales de acceso, uso, conservación y seguridad, particularmente cuando intervienen servicios externos de IA.

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, destaca la supervisión de la publicación de modelos, código, documentación y conjuntos de datos bajo licencias abiertas en el catálogo nacional correspondiente. Aunque la directiva no establece un régimen especial de titularidad sobre estos activos, su implementación requiere verificar qué derechos tiene la entidad y qué condiciones permiten su uso y publicación. Al contratar desarrollos de IA, resulta recomendable definir los derechos sobre el software y los entregables, las licencias de componentes de terceros y los límites de reutilización de información protegida o confidencial.

La implementación contempla plazos de designación de seis, nueve o doce meses, según el tipo de entidad, además de reglas especiales. Debe distinguirse ese calendario de la exigibilidad del perfil profesional del artículo 9, prevista a partir del 22 de octubre de 2027. La futura certificación de competencias tampoco condiciona la designación ni el ejercicio del rol.

El desafío será dotar al OIA de capacidades, recursos y coordinación efectiva para que su intervención se traduzca en sistemas confiables, protección de derechos y una gestión responsable de los activos digitales del Estado.

Pueden revisar los textos oficiales en los siguientes enlaces: Resolución N.° 004-2026-PCM/SGTD y Directiva N.° 002-2026-PCM/SGTD.