Piratería

Piratería y falsificación en El Salvador: el marco legal y la estrategia que exige su combate

Para las empresas —nacionales o con operaciones regionales— la lectura práctica es clara: la protección de la propiedad intelectual debe gestionarse con la misma disciplina que cualquier otro riesgo corporativo relevante.

Por Marcela Mancía, Ignite Business Law

La piratería y la falsificación de productos han dejado de ser un problema periférico para convertirse en un riesgo estructural para las empresas que operan en El Salvador y la región. Sectores tan diversos como bienes de consumo, farmacéuticos, tecnología y artículos de lujo enfrentan hoy redes de falsificación cada vez más sofisticadas, con capacidad de adaptarse rápidamente a los canales de distribución formales e informales — incluido el comercio electrónico.

El marco legal salvadoreño ofrece herramientas robustas para enfrentar este fenómeno, pero su efectividad depende casi por completo de la calidad de la estrategia con la que se ejecutan. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las disposiciones penales aplicables en materia de propiedad intelectual, y los compromisos derivados de tratados como el CAFTA-DR y el marco de la OMC en materia de ADPIC, configuran un sistema que permite actuar tanto por la vía civil como por la penal, y que habilita medidas de control en frontera para impedir el ingreso de mercadería falsificada al país.

Tres frentes de acción, una sola estrategia

La experiencia de nuestra firma en la gestión de casos de piratería en El Salvador confirma que la efectividad no está en elegir una sola vía, sino en articular tres frentes de forma simultánea:

 

Frente	¿Qué implica?
Investigación y monitoreo	Identificación de puntos de venta, cadenas de distribución y proveedores de mercadería falsificada, con evidencia que sostenga las acciones posteriores.
Acción legal civil y penal	Incautación de mercadería y persecución de infractores, con especial atención al debido proceso para evitar nulidades que retrasen o frustren el resultado.
Control aduanero	Monitoreo y bloqueo de importaciones de productos falsificados en fronteras estratégicas, en coordinación con la autoridad aduanera.

 

La coordinación institucional —con la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Aduanas— es el elemento que determina si un operativo se traduce en un decomiso sostenible o en un esfuerzo que se diluye en el tiempo. La preparación previa reduce el riesgo de filtraciones, preserva el factor sorpresa y, sobre todo, garantiza que cada decomiso cumpla con los estándares procesales que evitan su posterior nulidad.

Un caso que ilustra el punto

En un caso reciente gestionado por nuestra firma, la coordinación con la Fiscalía y la Policía permitió decomisar una carga significativa de mercadería falsificada y culminar el proceso con su destrucción total — un desenlace que no solo neutralizó la amenaza inmediata para el titular de la marca, sino que reforzó ante el mercado el mensaje de que la falsificación en El Salvador tiene consecuencias reales y ejecutables.

Lo que esto significa para las empresas

Para las empresas —nacionales o con operaciones regionales— la lectura práctica es clara: la protección de la propiedad intelectual debe gestionarse con la misma disciplina que cualquier otro riesgo corporativo relevante. Esto supone monitoreo activo del mercado, protocolos de actuación previamente definidos con asesoría legal especializada, y relaciones de coordinación ya establecidas con las autoridades competentes antes de que un caso de falsificación se materialice. Improvisar la respuesta cuando el problema ya es visible casi siempre implica perder la ventana de acción más efectiva.

Sobre Ignite Business Law: firma boutique multiprácticas con sede en El Salvador y proyección centroamericana. A través de su práctica de Propiedad Intelectual y Regulatorio —liderada por la socia Marcela Mancía, con vinculación activa a la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)— asesora a clientes nacionales e internacionales en la protección y defensa de sus activos intangibles frente a la piratería y la falsificación.

Monitoreo y bloqueo de importaciones de productos falsificados en fronteras estratégicas, en coordinación con la autoridad aduanera.