Las innovaciones en la formulación de plaguicidas deben cumplir con estrictas normativas impuestas tanto por autoridades reguladoras nacionales como internacionales, lo que representa un reto importante para la protección de la propiedad intelectual.
Las innovaciones en plaguicidas deben someterse a un riguroso proceso de validación científica.
Por Giovana Palacios - VALENCIA
Las empresas que desarrollan nuevos plaguicidas deben asegurarse de que sus productos no solo sean innovadores y efectivos, sino también seguros para su uso en el contexto agrícola. Sin embargo, las innovaciones en la formulación de plaguicidas deben cumplir con estrictas normativas impuestas tanto por autoridades reguladoras nacionales como internacionales, lo que representa un reto importante para la protección de la propiedad intelectual.
Este desafío es especialmente relevante cuando se considera que las innovaciones en plaguicidas deben someterse a un riguroso proceso de validación científica y técnica antes de ser aprobadas para su comercialización. La intersección entre propiedad intelectual y la regulación de plaguicidas agrícolas es, por tanto, un tema complejo pero esencial para garantizar tanto la salud pública como el bienestar ambiental.
En este contexto, la labor de entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) juega un papel fundamental para equilibrar la protección de las innovaciones en el sector agrícola con la seguridad de los productos comercializados. El SENASA tiene la competencia de regular, supervisar, fiscalizar y establecer normativas relacionadas con el registro de plaguicidas agrícolas, abarcando su fabricación, importación, exportación, envasado, distribución, comercialización y almacenamiento.
Adicionalmente, el SENASA tiene la autoridad para restringir o incluso prohibir el uso de ciertos plaguicidas, en particular aquellos clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como extremadamente peligrosos (categoría 1A) o altamente peligrosos (categoría 1B), siempre que existan alternativas más seguras y eficaces tanto para la salud humana como para el medio ambiente.
Uno de los componentes clave de la labor del SENASA es la fiscalización que es esencial no solo para preservar la salud de los consumidores y el medio ambiente, sino también para proteger los derechos de propiedad intelectual de las empresas que desarrollan innovaciones legítimas. Esto se debe a que el comercio ilegal de plaguicidas puede tanto poner en riesgo la salud pública como infringir los derechos de las empresas que invierten en la creación de productos seguros y autorizados.
El trabajo de fiscalización del SENASA es, por lo tanto, crucial para garantizar que los plaguicidas comercializados sean seguros y cumplan con la normativa. En 2025, por ejemplo, se realizaron más de 200 inspecciones inopinadas a establecimientos que venden plaguicidas, y en 2024 se registraron 2,639 inspecciones. Estas acciones son fundamentales para detectar productos no autorizados y prevenir su comercialización.
Un aspecto relevante de estas fiscalizaciones es la incautación de plaguicidas prohibidos. En las inspecciones realizadas, se decomisaron 964.27 litros y 452.49 kilos de productos ilegales en diversas regiones del país. Este tipo de acciones es esencial para proteger tanto la salud de los productores agrícolas como de los consumidores, y para evitar el daño ambiental que podría ser causado por el uso de sustancias tóxicas no reguladas.
Las inspecciones inopinadas del SENASA son, por tanto, una herramienta clave para asegurar que los plaguicidas comercializados en el mercado cumplan con los estándares legales y no infrinjan los derechos de propiedad intelectual de las empresas legítimas. Es por esto que las políticas regulatorias deben ir acompañadas de medidas efectivas para combatir el comercio ilegal, tanto en los puntos de venta como en la producción, distribución y comercialización de productos no autorizados.
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