Patentes

Polilaminina, patentes y el debate público sobre innovación en Brasil: un análisis técnico-jurídico

La discusión sobre la polilaminina debería servir para valorar la ciencia brasileña y, al mismo tiempo, exponer con honestidad aquello que necesita ser mejorado.

Por Leonardo Cordeiro, Gruenbaum, Possinhas & Teixeira

En los últimos días, ha cobrado repercusión la noticia de que una tecnología basada en polilaminina, desarrollada por investigadores de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), habría “perdido protección internacional” debido a la falta de pago de tasas de mantenimiento de patente en el exterior. A partir de ese hecho, comenzaron a circular interpretaciones según las cuales la tecnología habría sido “perdida”, la investigación habría “fracasado” o el conocimiento se habría convertido automáticamente en objeto de libre explotación por terceros.

Antes de cualquier análisis jurídico, es indispensable reconocer el punto más importante: se trata de una investigación científica de alto nivel, con potencial impacto terapéutico relevante. Este tipo de resultado debe valorarse como un ejemplo de la capacidad científica brasileña y, precisamente por ello, merece ser discutido con responsabilidad técnica.

Sin embargo, la cuestión no se limita a la ciencia. El problema radica en la forma en que el tema ha sido encuadrado en el debate público: mediante narrativas simplificadas que ignoran la arquitectura del sistema de patentes y las particularidades del desarrollo tecnológico en biotecnología. Cuando un asunto ya poco conocido en Brasil es tratado con imprecisión en los grandes medios, el resultado es previsible: la sociedad es conducida a conclusiones equivocadas sobre un tema que no se enseña de manera estructurada y respecto del cual, por lo tanto, carece de herramientas para su comprensión crítica.

La lógica sistémica de las patentes

Uno de los errores más comunes consiste en tratar la patente como si fuera un “registro único” que nace y muere de forma aislada. En la práctica, las tecnologías complejas —especialmente en las áreas de biotecnología, farmacia y ciencias de la vida en general— rara vez están protegidas por una única solicitud. Lo habitual es la conformación de familias de patentes, con diferentes presentaciones a lo largo del tiempo y en distintos países, cada una con su propio alcance, estrategia y cronograma.

La legislación brasileña, por medio de la Ley nº 9.279/1996 (Ley de Propiedad Industrial – LPI), reconoce el derecho de prioridad (art. 16) y admite solicitudes divisionales (art. 26), reflejando esa lógica. En el plano internacional, instrumentos como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), administrado por la World Intellectual Property Organization (OMPI), permiten que una institución o empresa estructure una estrategia global con fases diferenciadas (solicitud internacional y posterior entrada en fases nacionales). En proyectos de alta densidad tecnológica, también es común la existencia de presentaciones posteriores que cubren perfeccionamientos, nuevos usos, nuevas composiciones, nuevas vías de administración y nuevos procesos.

Por ello, la interrupción de una solicitud específica en determinada jurisdicción —ya sea por decisión estratégica, limitación presupuestaria o elección institucional— no significa automáticamente que “la tecnología se haya perdido”. Puede significar que una parte de la estrategia dejó de ser perseguida en ese país; puede indicar la priorización de otra vía de protección; puede incluso reflejar la decisión de concentrar esfuerzos en otras jurisdicciones, en otras solicitudes de la misma familia o en solicitudes de mejora. La conclusión adecuada exige un análisis del conjunto y no de un elemento aislado.

En Brasil, es importante recordar que una solicitud puede ser archivada o extinguida por diversas razones, como la falta de pago de anualidades (art. 84), el incumplimiento de exigencias formales (art. 38) o la ausencia de solicitud de examen (art. 33). Estas disposiciones demuestran que el sistema posee una lógica procedimental propia. El efecto jurídico de dicha extinción, sin embargo, suele ser mal interpretado en la esfera pública, como si cualquier extinción implicara la “caída total” de un proyecto tecnológico.

Además, el contenido divulgado en solicitudes publicadas pasa a integrar el estado de la técnica (art. 11, §1º de la LPI). Esto produce efectos relevantes: influye en el análisis de novedad y puede limitar lo que terceros logren patentar posteriormente. No obstante, ello no se confunde con la afirmación simplista de que “cualquiera puede usarlo”. La patente es un derecho de exclusión, no un sello de autorización. El hecho de que un título no exista en un país no elimina automáticamente otros obstáculos derivados de derechos de terceros ni suprime riesgos regulatorios, industriales o contractuales.

Esta confusión se evidencia con especial intensidad en el tercer punto esencial del debate: la explotación por terceros depende de un análisis de libertad de operación (Freedom to Operate – FTO). No basta con verificar si “existe o no existe” un título específico. El análisis adecuado exige examinar el conjunto de patentes vigentes y solicitudes pendientes de terceros que puedan cubrir la fabricación, la formulación, el método de uso, el proceso de obtención, la vía de administración, el régimen terapéutico, combinaciones y otras variantes. A menudo se ignora que incluso las solicitudes internacionales no nacionalizadas en determinado país deben considerarse en un análisis de FTO, dependiendo del plazo de la solicitud inicial.

En Brasil, el art. 42 de la LPI garantiza al titular el derecho de impedir a terceros producir, usar, vender o importar el objeto patentado mientras la patente esté vigente. Por otro lado, el riesgo de impedimento por patentes de terceros no desaparece porque una solicitud específica haya sido extinguida.

Otro punto igualmente central: en el campo biotecnológico, farmacéutico y de materiales, es perfectamente posible que existan presentaciones posteriores sobre un mismo principio activo o base tecnológica. Ello no constituye, por definición, “apropiación indebida” ni “error” del sistema. La protección puede recaer sobre aspectos distintos: nuevas composiciones, nuevos procesos, nuevas formas de administración, nuevos usos terapéuticos o mejoras tecnológicas. La LPI admite la protección siempre que se cumplan los requisitos de novedad (art. 11), actividad inventiva (art. 13) y aplicación industrial (art. 15). En el plano internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS), en el marco de la World Trade Organization (OMC), establece la obligación de conceder patentes para invenciones en todos los campos de la tecnología bajo dichos criterios.

Esto significa que el debate serio no es “si pueden o no existir solicitudes posteriores”, sino cuál es el alcance de cada reivindicación, cuáles son las diferencias técnicas alegadas, cuál es el estado de la técnica aplicable, qué datos y resultados sustentan la actividad inventiva y si existe riesgo de interferencia o infracción. Se trata de un análisis técnico-estratégico propio del ejercicio profesional en materia de patentes, que no debe transformarse en una crítica generalizada contra cualquier solicitud posterior relacionada con la polilaminina. Incluso la propia discusión técnica puede requerir distinciones conceptuales finas —por ejemplo, entre laminina polimerizada y polilaminina— con impacto directo en el análisis de novedad, alcance y eventual superposición.

El vacío educativo en Propiedad Intelectual en Brasil

El episodio revela algo aún más profundo: el vacío educativo en materia de Propiedad Intelectual en Brasil. La Constitución Federal, en sus artículos 218 y 219, reformados por la Enmienda Constitucional nº 85/2015, refuerza la centralidad de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo nacional y amplía los mecanismos de cooperación entre el Estado, la academia y el sector productivo. La Ley nº 10.973/2004 (Ley de Innovación), modificada por la Ley nº 13.243/2016, estructura el entorno de transferencia de tecnología y otorga protagonismo a los Núcleos de Innovación Tecnológica (NIT), responsables de las políticas de PI, protección y licenciamiento.

A pesar de ello, la Propiedad Intelectual rara vez es tratada como contenido estructurante en la formación brasileña. No forma parte de la educación básica, es poco frecuente en la enseñanza media y continúa siendo excepcional en carreras directamente vinculadas a la innovación —incluidas ingeniería, biotecnología, farmacia, medicina, informática y administración.

El resultado es previsible: investigadores, emprendedores y gestores públicos operan en un entorno en el que la PI no se internaliza como herramienta estratégica. Muchos desconocen cuándo deben proteger, cuándo deben publicar, cómo organizar la documentación, cómo dialogar con los NIT, cómo negociar con socios o cómo estructurar proyectos con una visión de ciclo de vida del activo intangible.

Esta brecha tiene costos concretos. Genera pérdida de valor económico (porque los activos no se protegen adecuadamente), fragilidad en negociaciones internacionales (debido a la asimetría informativa), inseguridad estratégica (porque las decisiones se adoptan sin información suficiente) y, sobre todo, un desajuste entre ciencia y sociedad: el país produce conocimiento, pero enfrenta dificultades para convertirlo en innovación protegida, transferida y escalable.

El papel de la sociedad, las asociaciones profesionales y la difusión del conocimiento en PI

Hay un punto que debe afirmarse con claridad: la Propiedad Intelectual no es un “asunto corporativo” restringido a estudios jurídicos, inventores, agentes y departamentos legales. Es un tema transversal que atraviesa todas las áreas de la economía del conocimiento —desde las ciencias de la vida hasta la inteligencia artificial, desde la investigación académica hasta la industria, desde el laboratorio hasta la política pública.

En este ecosistema, las asociaciones nacionales e internacionales desempeñan un papel crucial. En Brasil, entidades como ABAPI, ABPI y ASPI constituyen espacios estructurados de formación, debate técnico, producción de conocimiento e interlocución con el poder público. A nivel internacional, asociaciones como INTA, AIPPI, ASIPI y FICPI contribuyen al benchmarking, a la armonización de buenas prácticas y al diálogo entre jurisdicciones.

Sin embargo, cabe una advertencia: no basta con que únicamente los profesionales de PI participen en estas asociaciones y dominen los aspectos técnicos. El tema debe ser comprendido socialmente, al menos a nivel de alfabetización funcional para la innovación. Los especialistas deben constituir un apoyo, y no la “solución mágica” de un problema estructural.

La analogía es directa: cuando alguien decide abrir una empresa, sabe que necesita un contador. Tal vez no comprenda la contabilidad, pero entiende que el soporte técnico es indispensable. En Propiedad Intelectual, muchas veces la sociedad ni siquiera advierte que esa necesidad existe. Las personas innovan, publican, divulgan, negocian y toman decisiones estratégicas sin saber que deberían buscar asesoramiento técnico; luego descubren, demasiado tarde, que la consecuencia fue la pérdida de una oportunidad, la asunción de un riesgo jurídico o una posición negociadora debilitada.

Aquí emerge un punto decisivo: la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Cuando los grandes medios otorgan amplia difusión a temas altamente técnicos sin convocar a personas con conocimiento especializado, el problema se agrava. Si la sociedad carece de formación en PI y recibe una narrativa imprecisa, se genera no solo ausencia de información, sino error de conclusión basado en datos incompletos o incorrectos. Esto ocurre tanto en casos como el de la supuesta “pérdida” de derechos por falta de pago de tasas de patente en el exterior como en debates sanitarios y económicos en los que se utiliza, por ejemplo, la expresión “quiebre de patente” para referirse a la licencia obligatoria —término técnicamente inadecuado que induce a una comprensión errónea de esa prerrogativa legal. El resultado es un debate público contaminado por consignas y simplificaciones.

La responsabilidad es compartida: de quienes producen y difunden contenido, de quienes informan, de quienes comentan, de quienes lideran instituciones y también de quienes, siendo especialistas, guardan silencio. Es necesario corregir rumbos, reconocer errores y elevar la calidad del debate público para que el sistema de Propiedad Intelectual esté efectivamente integrado en la educación y adecuadamente comunicado a la sociedad.

Conclusión

La discusión sobre la polilaminina debería servir para valorar la ciencia brasileña y, al mismo tiempo, exponer con honestidad aquello que necesita ser mejorado: educación en PI, estrategias institucionales de protección, cultura de transferencia de tecnología y responsabilidad en la comunicación pública.

La extinción de una solicitud específica no implica la “pérdida de la tecnología”; la explotación por terceros exige un análisis de libertad de operación; las solicitudes posteriores pueden ser legítimas y forman parte del ciclo de innovación; y la comprensión social del sistema sigue siendo insuficiente.

Innovación sin comprensión de la Propiedad Intelectual es innovación vulnerable.

Si queremos un Brasil más innovador, competitivo y capaz de transformar la ciencia en soluciones concretas, debemos tratar la Propiedad Intelectual con el rigor técnico y la responsabilidad institucional que el tema exige: en las universidades, en las empresas, en los organismos públicos y en los medios de comunicación.