La acelerada digitalización de los negocios ha traído desafíos sin precedentes a la protección de la propiedad intelectual. En este contexto, la Política Nacional de Ciberseguridad surge como un instrumento fundamental para salvaguardar los activos intangibles de las empresas brasileñas.
Renata Fazolin Ribeiro.
Por Renata Fazolin Ribeiro, David do Nascimento Advogados Associados
Marco legal: la base de la seguridad digital
Establecida por el Decreto nº 11.856/2023, la Política Nacional de Ciberseguridad (PNCiber) representa un avance significativo en la protección del entorno digital brasileño, aunque sigue siendo un campo en consolidación, marcado por desafíos técnicos e institucionales.
El marco normativo establece directrices para la protección de sistemas, redes y datos frente a ciberataques, reforzando el marco para la protección de patentes, marcas, diseños industriales y secretos comerciales almacenados en medios digitales.
A nivel institucional, destaca la creación del Comité Nacional de Ciberseguridad, compuesto por representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, con la tarea de proponer actualizaciones regulatorias y estrategias de cooperación internacional. La política está estructurada en seis ejes: conciencia de la sociedad, formación y adecuación del capital humano, compromiso institucional, producción de conocimientos especializados, financiamiento y fortalecimiento del marco legal.
Desafíos y vulnerabilidades del escenario brasileño
El escenario nacional exige atención. Brasil es uno de los países más afectados por la ciberdelincuencia en América Latina, lo que pone de manifiesto la urgencia de las medidas estructurales y preventivas.
Según SaferNet Brasil, una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno digital, en 2024 se registraron 100.077 denuncias únicas de ciberdelitos.
La vulnerabilidad se agrava por la llamada "analfabetización digital". A pesar de la amplia difusión tecnológica, con unos 464 millones de dispositivos activos en el país, una parte significativa de la población no utiliza adecuadamente las herramientas de seguridad, y muchos smartphones siguen funcionando sin soluciones básicas de protección.
Además, la falta de profesionales especializados en ciberseguridad crea un entorno propicio para la práctica de delitos digitales, incluyendo el robo de propiedad intelectual y el espionaje industrial. Entre las medidas prioritarias debatidas a nivel gubernamental destacan la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, la ampliación de campañas de sensibilización, el fortalecimiento de centros de formación y la oferta de líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas a través del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social.
La propuesta de un nuevo marco penal para los ciberdelitos busca cubrir carencias legales, facilitar la persecución penal y proporcionar una mayor protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Para los despachos especializados en abogados, este contexto representa no solo un desafío regulatorio, sino también una oportunidad estratégica para orientar a los clientes en cuestiones de cumplimiento digital, transformando la ciberseguridad en una ventaja competitiva y un pilar esencial para la preservación de la innovación en Brasil.
Renata Fazolin Ribeiro es abogada y actúa en el departamento de Represión de Infracciones, con actividad en lo contencioso civil y penal en el sector de propiedad intelectual. Trabaja además con diversas autoridades públicas en medidas de protección y contra la Infracción de derechos de autor, entre las que destacan las actuaciones de allanamiento y secuestro y los servicios de investigación.
El próximo 22 de abril, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Ojam IP realizarán la Jornada Académica "Propiedad Intelectual, Tecnología e Innovación: el rol del abogado en la era digital".
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