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Seminario sobre la nueva Ley de Libre Competencia en Guatemala

El objetivo del evento fue analizar, desde una perspectiva internacional, el alcance de la nueva ley, comparar aspectos relevantes con otros marcos normativos y destacar ventajas, desventajas y experiencias prácticas.

La Cámara de Comercio de Guatemala, en conjunto con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), realizó el 29 de octubre un seminario sobre la Ley de Libre Competencia en el país, aprobada en noviembre de 2024 con el propósito de brindarle apertura a mercados, promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir y sancionar las prácticas anticompetitivas.

Entre los ponentes estuvieron Eduardo Mayora, socio administrador de la firma guatemalteca Mayora IP; Juan José García, asociado senior y miembro del área de libre competencia de la firma chilena Guerrero Olivos; Christian Lippert, co-managing partner de la firma mexicana Galicia; y Luis Diez, socio de la firma peruana Diez Canseco y ex presidente y magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Ley de Competencia fue aprobada después de casi 30 años de esfuerzos como consecuencia de los compromisos adquiridos por Guatemala con Estados Unidos y la Unión Europea. Se prevé que la parte sustantiva de la norma entre en vigencia en diciembre del próximo año. En ese contexto, desde la ASIPI, a través del Comité de Competencia, se organizó el seminario, con un día completo dedicado a la valoración de la ley a través de expertos internacionales. 

El objetivo del evento fue analizar, desde una perspectiva internacional, el alcance de la nueva ley, comparar aspectos relevantes con otros marcos normativos y destacar ventajas, desventajas y experiencias prácticas. Sobre todo, se buscó entre los expertos generar un espacio constructivo en el que compartieran sus "do's and don'ts", sus lecciones aprendidas y los errores que se cometieron en sus países, para que en Guatemala se pueda aprender de ellos y evitar repetirlos. 

La propiedad intelectual constituye el conjunto de derechos que protegen los activos intangibles, que hoy representan más del 50% de los activos de las empresas en muchos países desarrollados, incluyendo Chile y México, entre otros. Dado que estos activos son el objeto de contratos y operaciones fundamentales en el tejido empresarial, la intersección entre la PI y la competencia resulta vital. Esto no solo se debe a la necesidad de comprender el valor de la PI para analizar los diferentes negocios y prácticas potencialmente anticompetitivas —ya sean horizontales o verticales—, sino también por la posibilidad de que surjan abusos de posición dominante o prácticas monopólicas. 

En ese sentido, la propiedad intelectual y la competencia son, a la vez, polos antagónicos: la PI otorga derechos exclusivos para incentivar la innovación y reconocer las inversiones en investigación y desarrollo, lo cual es esencial para el crecimiento económico. Sin embargo, el uso indebido de esos derechos de PI puede generar posiciones dominantes, concentraciones o abusos que afecten la eficiencia de los mercados, objetivo central de la política de competencia. En suma, ambas disciplinas buscan promover el desarrollo económico, aunque desde perspectivas distintas: la propiedad intelectual protege la innovación mediante la exclusividad, mientras que la competencia busca que no haya concentración de bienes y servicios.