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Tribunal Andino declara incumplimiento de Colombia por restricción a la importación de cemento gris

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió un caso clave sobre los límites de las excepciones de seguridad y orden público en el comercio intracomunitario, estableciendo que estas no pueden aplicarse sin pruebas concretas que vinculen la medida restrictiva con el riesgo alegado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió sentencia en el Proceso 04-AI-2023, relacionado con una medida que impedía o dificultaba el ingreso de cemento gris proveniente de los países andinos por las aduanas colombianas de Ipiales y San Miguel.

Colombia sostuvo que esta medida respondía a razones de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El Tribunal reconoció la gravedad e importancia de esos problemas.

Sin embargo, concluyó que las pruebas presentadas demostraban solamente la existencia de un contexto general de narcotráfico y cultivos ilícitos, pero no una relación concreta entre ese problema y el ingreso de cemento por las aduanas mencionadas.

Cuando un país invoca razones de seguridad, orden público, salud o moralidad pública para justificar una medida que restringe el comercio dentro de la Comunidad Andina, no basta con mencionar la existencia de un problema grave. El Estado debe presentar una justificación suficiente y pruebas objetivas y verificables que demuestren una conexión directa entre el riesgo alegado y la medida adoptada.

No es necesario demostrar que el daño ya ocurrió, pues los Estados pueden adoptar medidas preventivas. Pero sí debe probarse que el riesgo es real y que la restricción guarda una relación concreta con ese riesgo. Las excepciones de orden público no pueden funcionar como una autorización general para mantener restricciones indefinidas o desvinculadas del motivo que pretende justificarlas.

Como esa vinculación no fue demostrada en este caso, el Tribunal declaró el incumplimiento de Colombia y ordenó dejar sin efecto la medida en un plazo máximo de 90 días.