Colombia debate la modernización de la Ley de Protección de Datos Personales
Este debate ocurre en un contexto global de transformación digital, creciente uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y una expansión exponencial del tratamiento de datos por parte de entidades públicas y privadas.
Las iniciativas en discusión aspiran a ampliar y actualizar elementos centrales del régimen de datos personales.
En Colombia avanza un proceso de discusión pública y técnica en torno a la modernización del marco normativo de protección de datos personales, centrado especialmente en la actualización de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
En 2024 y 2025 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha promovido espacios académicos y de diálogo con múltiples actores (academia, sector privado, autoridades y sociedad civil) para analizar los desafíos que plantea la normativa actual. Desde eventos como el IX y XII Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, hasta foros especializados sobre modernización normativa, se ha subrayado que la Ley 1581, vigente desde hace más de una década, requiere ajustes que respondan a la realidad digital contemporánea.
Las iniciativas en discusión aspiran a ampliar y actualizar elementos centrales del régimen de datos personales. Entre los aspectos abordados, se destacan los siguientes:
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Nuevos derechos para los titulares de datos, como portabilidad, oposición al tratamiento y límites frente a decisiones automatizadas que afecten a las personas.
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Protección reforzada de menores de edad, incluyendo restricciones al perfilamiento y publicidad dirigida, y la exigencia de consentimiento parental para menores de 14 años.
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Alineación con estándares internacionales, buscando armonizar la normativa colombiana con modelos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley General de Protección de Datos de Brasil.
Contexto jurídico y su necesidad
La emergencia de fenómenos tecnológicos como la inteligencia artificial, la expansión del comercio electrónico y la globalización del tratamiento de datos han puesto de relieve las limitaciones del marco jurídico actual. Autoridades y expertos sostienen que la norma debe adaptarse para garantizar derechos fundamentales (como la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad) frente al uso masivo de datos personales, incluyendo aquellos de carácter sensible o biométrico.
El proceso legislativo colombiano no está exento de debates y tensiones. Algunas de las discusiones giran en torno a la aplicación extraterritorial de la ley (es decir, su alcance frente a empresas fuera de Colombia que procesan datos de residentes), la inclusión de nuevas bases legales para tratamiento de datos, y la definición de responsabilidades para entidades públicas y privadas. También existe preocupación por el impacto de estas normas en sectores como la economía digital, los servicios basados en datos y las campañas político-electorales.
Las tensiones reflejan una realidad global: la protección de datos se ha convertido en un eje central de la gobernanza digital, donde convergen intereses económicos, derechos humanos, libertades civiles y la necesidad de innovar sin sacrificar la privacidad. Colombia se encuentra, así, en una fase clave de su desarrollo normativo en esta materia, intentando equilibrar estos factores dentro de su propio contexto institucional y social.
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