Chile fue nombrado la primer autoridad internacional para el depósito de microorganismos en Latinoamérica, transformándose en un centro tecnológico de primer nivel.
Chile fue nombrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como autoridad internacional para el depósito de microorganismos transformándose en el primer país latinoamericano responsable de almacenar microorganismos patentados.
La postulación fue realizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en el marco del Tratado de Budapest. Luego de analizarla, la OMPI nombró al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de su unidad operativa Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), como única autoridad internacional de depósito en Latinoamérica.
Una autoridad internacional de depósito es una institución científica, pública o privada, capaz de conservar microrganismos. El Tratado de Budapest regula la divulgación del contenido de solicitudes de patente sobre microorganismos a través de su depósito y su objetivo es evitar que se realicen tantos depósitos como países se requiera cubrir.
La designación posicionará a Chile como centro tecnológico y creativo de la región, permitiendo a innovadores chilenos y de otros países introducir al sistema de patentes sus inventos desde un solo país, reduciendo complicaciones y trámites, y beneficiando a industrias como la agroindustiral y alimentaria.
Pedro Bustos Valdivia, Director Nacional del INIA, explicó que "cuando se trata de una invención relacionada con un microorganismo o con el uso de ese material biológico, no se considera suficiente una descripción escrita, lo que hace necesaria su preservación para protegerlos contra la contaminación y el medio ambiente”.
Actualmente existen 38 autoridades internacionales de depósito: Reino Unido (7), Corea del Sur (3), Rusia (3), Australia (2), China, España, Estados Unidos, Italia, Japón y Polonia, Alemania (1), Bélgica, Bulgaria, Canadá, Eslovaquia, Francia, Hungría, India, Letonia, Países Bajos y República Checa.
Es necesario que las entidades públicas actúen dentro del marco de la ley y eviten imponer cargas económicas sin sustento normativo, especialmente cuando se trata de cumplir mandatos judiciales.
A menudo mal entendido, este requisito plantea importantes desafíos para los solicitantes internacionales. Ya sea en la etapa de registro, mantenimiento o ejecución, los estándares legales que rigen el uso de marcas exigen precisión, coherencia y por sobre todo rigor probatorio.
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