Patentes

Inversión sin innovación: el sistema de patentes que Venezuela no puede seguir ignorando

Los avances administrativos son necesarios, pero sin una reforma legal alineada con estándares internacionales, seguirán siendo insuficientes.

Por Carlos Pacheco, Hoet & Partners

El contraste entre la ambición y la norma

Venezuela atraviesa un momento decisivo. La reciente apertura del sector de hidrocarburos —respaldada por reformas legales que buscan atraer mayor participación privada, arbitraje y flexibilidad operativa— marca un giro que podría redefinir la economía nacional.

Sin embargo, ese impulso choca con un obstáculo evidente: el país aún se rige por la Ley de Propiedad Industrial de 1955, un instrumento jurídico que no reconoce la realidad tecnológica contemporánea y que deja sin protección adecuada a tecnologías de base científica e industrial —como biotecnología, química moderna, nuevos materiales, formulaciones y procesos avanzados— así como a soluciones aplicadas a sectores estratégicos, entre ellos energía, agroalimentación, refinación, catálisis y métodos emergentes de eficiencia ambiental. Aunque el software y los algoritmos —incluida la IA— se tutelan por derecho de autor, muchas innovaciones técnicas e industriales que deberían encontrar amparo en un sistema de patentes moderno quedan atrapadas en un vacío legal que la modernización administrativa, por sí sola, no puede resolver.

El espejismo de las cifras y la persistente crisis de confianza

Aunque el SAPI ha reportado un repunte en el otorgamiento de patentes y modelos industriales entre 2021 y 2024 —incluyendo desarrollos de INTEVEP que evidencian la capacidad técnica del país—, estas cifras deben leerse con cautela. [1], [5]

Los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual muestran que el número total de solicitudes de patentes en Venezuela ha caído de forma sostenida en la última década, con niveles muy bajos de solicitudes de residentes y una fuerte dependencia de no residentes. [2]

Más revelador aún es el descenso en la presentación de solicitudes por actores internacionales: para los sectores energético, químico, farmacéutico, manufacturero y otras industrias tecnológicas, operar bajo una ley obsoleta y desalineada con los estándares multilaterales implica un riesgo elevado para la protección de activos intangibles y reduce el interés real de nuevos solicitantes extranjeros en proteger sus innovaciones en el país. [3], [4] Esa persistente desconfianza es, en última instancia, el verdadero termómetro del sistema.

La urgencia de una reforma: más allá de la digitalización

Venezuela ha logrado avances en materia de digitalización administrativa, automatización de trámites y capacitación técnica dentro del SAPI, esfuerzos que sin duda mejoran la experiencia del usuario y agilizan ciertos procesos. [1] Sin embargo, ningún ajuste procedimental puede compensar el desfase estructural de un marco legal que continúa excluyendo sectores completos de la economía contemporánea y que no ofrece un estándar de protección acorde con la dinámica tecnológica global que hoy marca la competitividad internacional.

A ello se suma un límite estratégico de gran peso: Venezuela no es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo que restringe su capacidad de integrarse al sistema internacional de protección y dificulta la entrada y expansión de tecnologías provenientes de actores globales, especialmente en industrias intensivas en I+D.

En este contexto, la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) debería evolucionar desde un programa de sensibilización y fortalecimiento institucional hacia un verdadero vehículo de reforma legislativa, capaz de modernizar de raíz el sistema de patentes y armonizarlo con los compromisos multilaterales y las necesidades tecnológicas del país. [7]

Sin una reforma integral que supere las limitaciones de la Ley de 1955, la apertura petrolera podrá atraer inversión y capital operativo, pero no garantizará la llegada sostenida de tecnologías de alto valor, ni de investigación aplicada que contribuya a desarrollar capacidades locales y a crear nuevas oportunidades económicas. En otras palabras, sin un marco normativo moderno, el país corre el riesgo de capturar inversión, pero perder innovación.

Fomento a la innovación vs. seguridad jurídica

Iniciativas como la reducción de tasas para pequeñas empresas y emprendedores constituyen un estímulo valioso para dinamizar la innovación local y facilitar el acceso al sistema de propiedad industrial. [6] Sin embargo, estas medidas, por positivas que sean, no sustituyen la necesidad de un marco jurídico sólido y actualizado que otorgue verdadera confianza a quienes desarrollan y protegen tecnología en el país. [4]
Para que Venezuela pueda posicionarse como un actor relevante en la región y atraer inversión tecnológica de manera sostenida, es indispensable reconstruir la confianza del inversor global. Ello requiere, entre otros elementos esenciales:

-Armonización normativa: adecuar la legislación a los estándares internacionales establecidos en el TRIPS y en la práctica comparada contemporánea.

-Seguridad jurídica: garantizar que los títulos concedidos por el SAPI descansen en una ley moderna, capaz de resistir litigios y ofrecer previsibilidad.

-Protección de sectores críticos: estudios académicos coinciden en que la falta de patentabilidad en áreas como química, farmacia, biotecnología y otros campos científicos-industriales limita la llegada de I+D de alto impacto y reduce el atractivo del país como destino tecnológico. [3]

Conclusión

Venezuela no reactivará su economía con un sistema de patentes anclado en 1955. Los avances administrativos son necesarios, pero sin una reforma legal alineada con estándares internacionales, seguirán siendo insuficientes. La apertura petrolera atraerá capital; solo una protección sólida y previsible atraerá conocimiento e I+D con impacto duradero. [1], [2], [3], [4]

Referencias Bibliográficas

1. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). (2025). Venezuela avanza en Propiedad Intelectual y su impacto en la economía diversificada.

2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2024). Perfil estadístico de país: Venezuela.

3. Levy-Carciente, S., & Perdomo, J. (2017). Propiedad Intelectual en Venezuela: Institucionalidad y desempeño. Tribuna del Investigador, 18(1).

4. Arévalo Ramírez, L. G. (2012). El Principio de Legalidad y la Situación de la Propiedad Industrial en Venezuela. Revista Propiedad Intelectual, ULA.

5. INTEVEP, S.A. (2022). Método de funcionamiento de un sistema de hidroprocesamiento. Patente VE-A0 60017, SAPI-WEBPI.

6. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (MPPEF). (2023). Exoneran tasas para el registro de patentes de emprendedores.

7. Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. (2024). Venezuela expone “Nueva era de la Propiedad Intelectual” ante la OMPI.