Marcas

Por qué la fragmentación debilita la lucha contra las falsificaciones en América Latina

La falta de respuestas coordinadas a nivel regional dificulta cada vez más dar solución a un fenómeno que expone a millones de consumidores y genera pérdidas de hasta U$S 600 mil millones para las marcas.

Por Ana Cristina García, Country Manager Director ClarkeModet Paraguay

El comercio ilícito y la falsificación son hoy un fenómeno estructuralmente transfronterizo. Las redes de este entramado operan entre países con rapidez y eficacia, ajustando en tiempo récord sus rutas regionales para sortear barreras regulatorias y controles aduaneros. Además, en América Latina, estas redes aprovechan que entre el 60% y el 70% del comercio ilícito sigue moviéndose por canales offline y mercados informales, combinando circuitos digitales y físicos para ampliar su alcance.

Sin embargo, y pese a esta dinámica claramente regional, muchas marcas continúan abordando el problema con enfoques estrictamente locales; un modelo cada vez más ineficaz frente a estructuras delictivas integradas. Hablamos de un fenómeno que cuesta hoy hasta U$S 600 mil millones anuales a las marcas.

La fragmentación de las estrategias de enforcement genera efectos económicos y operativos que rara vez se reflejan en los presupuestos iniciales. Cuando cada país desarrolla su propio monitoreo, su propia investigación y sus propios procesos probatorios, se multiplican los honorarios, se repiten tareas y se generan diagnósticos parciales que no permiten comprender el fenómeno en toda su dimensión. La dispersión de información impide identificar rutas regionales, patrones de entrada o actores recurrentes, y además limita la capacidad para construir métricas comunes que permitan evaluar retorno, impacto o tiempos de reacción. El resultado es un mosaico de acciones inconexas que, pese a su buena intención, rara vez logran un efecto disuasivo sostenido.

Esta falta de coordinación se convierte en una oportunidad para quienes lideran las redes de falsificación. En el Cono Sur, por ejemplo, es habitual observar cómo la mercancía infractora se desplaza entre países según varían los controles o la agilidad de las autoridades. Paraguay, por su ubicación estratégica y su rol como punto de tránsito y redistribución, es un caso especialmente ilustrativo: cuando un país vecino endurece los controles, la carga simplemente cambia de ruta hacia otra frontera del Mercosur. Cuando las empresas actúan de manera aislada, estas dinámicas se detectan tarde, una vez que el daño ya se ha materializado en varios mercados.

El fenómeno no solo afecta por supuesto sólo a las marcas. Entre el 20% y el 30% de los consumidores adquiere productos falsificados sin saberlo, especialmente en sectores sensibles como farmacéuticos, cosmética o autopartes. Los riesgos asociados no son únicamente económicos: incluyen fallos mecánicos, intoxicaciones, problemas dermatológicos, adulteraciones peligrosas y, en casos extremos, amenazas directas a la vida.

Una urgencia regional: actuar con la misma coordinación que muestran los infractores

América Latina concentra entre el 60% y el 70% del comercio ilícito que sigue moviéndose fuera de plataformas digitales, impulsado por mercados informales, fronteras permeables y una geografía que facilita rutas logísticas complejas. El flujo habitual Asia–Cono Sur, combinado con reexportaciones intrarregionales, demuestra la capacidad de adaptación de estas redes y la necesidad de que las respuestas sigan esa misma lógica regional.

En este contexto, actuar país por país no es solo ineficiente: es insuficiente. La región requiere estrategias unificadas que permitan armonizar criterios legales y probatorios, establecer prioridades de intervención basadas en riesgos reales, consolidar inteligencia y ejecutar acciones disuasivas coordinadas que afecten simultáneamente a las distintas etapas de la cadena ilícita. Cuando el enforcement se gestiona a escala regional, deja de ser una reacción puntual para convertirse en una auténtica herramienta de gestión del riesgo, capaz de proteger activos marcarios, reputación y, sobre todo, la seguridad del consumidor.

Las empresas que adoptan este enfoque obtienen beneficios claros: mayor previsibilidad presupuestaria, tiempos de reacción más rápidos, mejor entendimiento de cómo se mueven las rutas ilícitas y una capacidad significativamente mayor para anticiparse a los cambios del mercado. La coordinación regional no solo reduce costos operativos y legales; también refuerza la eficacia de cada acción.

Pero ninguna empresa puede abarcar sola la complejidad territorial, normativa y operativa que implica abordar este fenómeno a escala regional. Por eso, en un entorno donde la falsificación opera sin fronteras, las marcas necesitan apoyarse en aliados con presencia territorial, experiencia directa con autoridades y un conocimiento profundo de las dinámicas locales y de sus puntos de fricción. Contar con socios que puedan articular una visión regional y ejecutarla con precisión local permite evitar errores formales que derivan en incautaciones fallidas, mejorar la relación con aduanas y consolidar un sistema de información que alimente decisiones estratégicas más sólidas.

En un ecosistema donde el delito se organiza en red, la respuesta no puede seguir siendo una suma de esfuerzos aislados. Si América Latina aspira a reducir de forma efectiva el impacto de la falsificación, debe actuar con la misma coordinación, agilidad y visión regional que exhiben quienes alimentan este fenómeno, y debe hacerlo a través de estrategias efectivas de brand protection. Esa es la transformación que la región necesita y, ante las cifras que ya enfrenta, también la que urge adoptar.