Se programó la realización de un remate con mercadería incautada por organismos del Estado. El rematador realizó publicaciones promocionando el evento en las que se podía observar prendas de marcas reconocidas.
A mediados del mes de diciembre de 2018 se programó la realización de un remate para el final de mes, cuyos lotes estaban integrados por mercadería variada incautada por organismos del Estado y puestas a disposición judicial. Entre la mercadería había aproximadamente 8.000 prendas en presunta infracción marcaria.
El rematador designado realizó en su perfil de Facebook varias publicaciones promocionando el evento, en las que se podía observar imágenes con prendas de marcas reconocidas.
El remate se llevaría a cabo en la ciudad de Lagomar, ubicada a 35 kilómetros de Montevideo, en un depósito utilizado como “show room”, contando con distintas comodidades para los concurrentes. El remate estaba dirigido principalmente a revendedores de todo el país, ya que se trataba de grandes volúmenes de productos a muy bajo precio.
Al tomar conocimiento de los hechos, el 13 de diciembre de 2018, inmediatamente se solicitó audiencia con el Juez Letrado de 1° Instancia de 1° Turno de la ciudad de San José, Dr. Fabricio Cidade, a cargo de la causa. Se presentó un escrito el 17 de diciembre explicando la gravedad de la situación y solicitando autorización para inspeccionar la mercadería, así como la suspensión del remate, todo con trámite urgente, ante la inminente realización de la subasta el día 27 de diciembre.
El Juez entendió los argumentos presentados e hizo lugar a lo solicitado, disponiendo que se separara la mercadería identificada con marcas en presunta infracción, en presencia de un representante del juzgado, del rematador y de un representante legal de las marcas afectadas.
El 21 de diciembre se concurrió junto al rematador y el actuario del juzgado de San José al depósito, ubicado en la parada N°. 16 de la ciudad de Lagomar, donde la mercadería sería rematada. En el lugar se procedió a separar por marcas la mercadería en presunta infracción y tomar fotografía detalladas con el fin de recabar evidencia.
Se presentó la denuncia por infracción marcaria, basada en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Marcas N°. 17.011. Específicamente el art, 81 establece “El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
El Juez, haciendo lugar a lo solicitado, ordenó la suspensión del remate de la mercadería denunciada y su traslado a la Seccional Policial 4ta de la ciudad de San José, Donde actualmente se encuentra depositada mientras se tramita el proceso penal y se decide sobre el destino final, que será su destrucción o donación previo retiro de logos, en base al artículo 84 de la Ley N°. 17.011, en su redacción por la Ley de Presupuesto N°. 19.355.
El remate había sido fijado, anunciado y promocionado para el día 27 de diciembre y el día 20, una semana antes, se logró su suspensión. De no haber intervenido con prontitud la mercadería falsa estaría otra vez en el mercado y con una boleta de compra que validaría su origen.
Este hecho es sumamente relevante porque se logró, en menos de tres días, interceder ante el Juez encargado del caso, inspeccionar la mercadería conteniendo marcas falsificadas y que se suspendiera la realización del remate judicial.
Es necesario que las entidades públicas actúen dentro del marco de la ley y eviten imponer cargas económicas sin sustento normativo, especialmente cuando se trata de cumplir mandatos judiciales.
A menudo mal entendido, este requisito plantea importantes desafíos para los solicitantes internacionales. Ya sea en la etapa de registro, mantenimiento o ejecución, los estándares legales que rigen el uso de marcas exigen precisión, coherencia y por sobre todo rigor probatorio.
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