Miércoles, 28 de Ene, 2026
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Piratería

Falsificación y explotación laboral: un vínculo estructural según nuevo estudio de la OCDE y la Euipo

Más allá de los daños económicos, la investigación subraya que el fenómeno de las falsificaciones no puede entenderse sin considerar sus vínculos con prácticas laborales abusivas.

Falsificación y explotación laboral: un vínculo estructural según nuevo estudio de la OCDE y la Euipo

La explotación laboral funciona como una estrategia deliberada para reducir costos de producción.

Un nuevo estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) revela evidencia empírica sustancial de que el comercio ilícito de productos falsificados está fuertemente vinculado con diversas formas de explotación laboral, incluyendo trabajo forzoso, trabajo infantil y condiciones laborales inseguras.

La investigación, titulada From Fakes to Forced Labour: Evidence of Correlation Between Illicit Trade in Counterfeits and Labour Exploitation, presenta un análisis que va más allá de las estimaciones tradicionales del valor de la mercancía falsificada y se adentra en el impacto humano y estructural de estas cadenas ilícitas.

Un problema global con profundas ramificaciones sociales

Según las estimaciones combinadas de la OCDE y Euipo, el comercio mundial de bienes falsificados y pirateados podría alcanzar hasta 467.000 millones de dólares anuales, aproximadamente 2,3% del comercio global.

Más allá de los daños económicos —como pérdidas para empresas legítimas, erosión de la innovación y evasión fiscal— la investigación subraya que el fenómeno de las falsificaciones no puede entenderse sin considerar sus vínculos con prácticas laborales abusivas.

La explotación laboral como motor de la falsificación

El informe confirma que países con mayores niveles de explotación laboral, informalidad y escasa protección laboral son también más frecuentes como fuentes de productos falsificados. Esto sugiere que los entornos donde los derechos laborales están debilitados son particularmente atractivos para las redes criminales que producen y distribuyen bienes falsos.

Entre las prácticas que aparecen con mayor incidencia en las cadenas de producción ilícitas destacan:

-Trabajo forzoso y servil, donde los trabajadores no pueden abandonar sus labores.

-Trabajo infantil, incluidos casos peligrosos e inseguros.

-Empleo informal prolongado sin derechos ni protección legal.

-Condiciones laborales inseguras con alto riesgo de lesiones graves.

La explotación laboral, lejos de ser un simple efecto colateral, funciona como una estrategia deliberada para reducir costos de producción y maximizar ganancias ilícitas, ya que los infractores evitan las protecciones laborales, salarios mínimos y normativas de seguridad que afrontan las empresas legales.

Utilizando técnicas de análisis econométrico, el estudio encuentra que por cada punto porcentual de aumento en la prevalencia de trabajo forzoso, se asocia una alza significativa en el valor del comercio de falsificaciones. Aunque esta relación es estadística y no estrictamente causal, su consistencia en distintos modelos refuerza la conexión estructural entre ambos fenómenos.

Además, indicadores como la débil gobernanza laboral, menor sindicalización y menores salarios mínimos reales están correlacionados con una mayor intensidad de producción de bienes falsificados.

Los hallazgos del informe apuntan a la necesidad de respuestas políticas integradas que no se limiten únicamente a reforzar el control de productos falsificados, sino que además:

-Fortalezcan la gobernanza laboral y las inspecciones de trabajo.

-Integren criterios de derechos laborales en el análisis de riesgo aduanero y comercial.

-Promuevan mayor colaboración entre autoridades laborales, aduaneras y de seguridad.

-Fomenten la conducta empresarial responsable y la transparencia en las cadenas globales de suministro.

Este enfoque no solo protege los derechos de los trabajadores en riesgo, sino que potencialmente disminuye el espacio operativo de las redes criminales que se benefician del comercio ilícito, reduciendo simultáneamente la explotación humana y la presencia de bienes falsificados en el mercado.

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