Marcas

La carpeta que nadie arma

En una cancelación por no uso el titular no se defiende con argumentos. Se defiende con facturas. Y esa carpeta se arma años antes de que llegue el expediente,

Por Luisa Fernada Parra, SPI Americas

​Hay una asimetría curiosa en cómo discutimos las marcas entre colegas. El registro se conversa hasta el último detalle: clases, antecedentes, oposiciones, convenios de coexistencia. La conservación casi no se conversa. Y la acción de cancelación por no uso llega sin aviso, con un expediente que se gana o se pierde con material que alguien acumuló, o no, durante años.

La regla la sabemos todos, así que vale la pena mirarle los bordes. Un tercero interesado puede pedir la cancelación de una marca que no se usó, sin motivo justificado, durante los tres años anteriores al inicio de la acción. Ese «sin motivo justificado» hace más trabajo del que aparenta. La fuerza mayor, el caso fortuito o las restricciones oficiales sobre los productos amparados pueden sostener un registro dormido, y en sectores regulados esa discusión aparece con más frecuencia de la que uno esperaría. Está ahí, y a veces decide el caso.

La carga de la prueba descoloca a más de un titular. Quien ataca no tiene que acreditar el no uso, porque es un hecho negativo. Es el titular quien debe demostrar que su marca estuvo en el mercado, y esa defensa se gana o se pierde años antes, en un archivo que nadie quiso armar porque no factura ni luce. He visto empresas con producto en góndola quedarse sin el signo por no poder documentarlo. Vendían de verdad. No lo podían probar.

Sobre qué cuenta como uso, las precisiones pesan más que el enunciado. El análisis corre sobre los productos o servicios amparados y no sobre la clase; Niza es una herramienta administrativa del trámite. De ahí sale la cancelación parcial, que es la que más aparece y la que más sorprende al cliente: recorta el registro y puede dejar al titular con la etiqueta y sin el producto que le importaba. Hay también un matiz que salva más registros de los que se cree. La marca usada con variaciones que no alteran su carácter distintivo sigue amparada, y después de un rediseño de identidad ese detalle deja de ser teórico.

El derecho preferente de quien obtiene la cancelación explica la mecánica completa, siempre que no se lea de más. Es una preferencia que hay que invocar dentro del plazo, que después pasa por el examen de registrabilidad y que queda expuesta a las oposiciones de terceros. Quien cancela despeja el terreno y entra primero en la fila, nada más. Suele bastar, y por eso detrás de casi toda cancelación que uno ve hay alguien que quiere ese nombre.

La renovación es el descuido más simple. Diez años, prorrogables por periodos iguales de forma indefinida, con una ventana de seis meses antes del vencimiento y un plazo de gracia de otros seis meses después. La red de seguridad existe y es amplia. Aun así se pierden registros, porque en una década cambia el equipo que llevaba el asunto y cambia el correo al que llegaba el aviso. El plazo de gracia protege al distraído, no al ausente.

Los registros más expuestos son los defensivos. Esas clases que se tomaron por si acaso, para cerrarle la puerta a un tercero, y que nunca se explotaron. Cumplen su función mientras nadie las mire. El día que alguien las mira, no hay una sola factura que las respalde. Vale la pena revisar el portafolio con esa pregunta encima: de todo lo que está registrado, ¿qué se podría probar mañana?

Para quien administra portafolios en varios países hay un dato andino que a veces se pasa por alto: el uso en cualquier país miembro de la Comunidad Andina sostiene el registro. Un signo explotado en Perú o en Ecuador puede resistir una cancelación en Colombia. Es una diferencia real frente a otros regímenes de la región, donde la exigencia es estrictamente nacional y donde aparecen figuras propias y cargas declarativas que aquí no existen. Asumir que la regla colombiana se replica en el país de al lado sale caro.

El expediente no termina con el certificado. Lo que sigue no tiene ceremonia ni honorarios visibles: guardar facturas, fechar empaques, archivar la pauta, mirar el calendario. Es trabajo sin prestigio y se delega hacia abajo hasta que desaparece. También es lo único que sostiene el activo el día que alguien decide ponerlo a prueba.

Luisa Fernanda Parra Rodríguez es abogada de propiedad intelectual y asuntos regulatorios de SPI Américas, firma colombiana con más de treinta años de práctica en el registro y la defensa de marcas ante la SIC.