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Venezuela y la propiedad intelectual: entre la crisis y la reconstrucción

Durante años, hablar de propiedad intelectual en Venezuela implicó referirse a un sistema condicionado por la crisis económica, el rezago normativo y la dificultad de operar en un mercado atravesado por cambios constantes. Sin embargo, incluso en ese escenario, la actividad nunca se detuvo.

Venezuela y la propiedad intelectual: entre la crisis y la reconstrucción

Por Claudia Pérez

La necesidad de proteger marcas, combatir la piratería, gestionar derechos de autor y acompañar procesos de transformación digital mantuvo en actividad a la industria legal especializada. Para los socios de Bolet & Terrero —Manuel Polanco, Luis Henríquez y Rafael Ortín— el momento actual abre además una discusión más amplia: cuál será el rol de la propiedad intelectual en una eventual reconstrucción económica e institucional del país.

Gestionar lo imprevisible

Ejercer la abogacía especializada en PI en Venezuela implica operar en un entorno donde las reglas pueden modificarse rápidamente y donde la incertidumbre forma parte de la práctica cotidiana.

«Venezuela es, desde hace aproximadamente 26 años, un país de cambios constantes y, en muchos casos, imprevisibles», afirma Manuel Polanco. «Lo que hoy es válido, mañana puede dejar de serlo». Frente a esa volatilidad, considera que la ética profesional se convierte en uno de los pocos elementos estables de la práctica jurídica.

La dinámica económica también transformó la manera en que las compañías gestionan sus activos intangibles. Según Luis Henríquez, las empresas debieron reorganizar prioridades y concentrar recursos en aquellos derechos considerados estratégicos para su operación y posicionamiento. «La administración de activos intangibles deja de ser un aspecto meramente formal para convertirse en un componente central de la estrategia empresarial», señala.

Más litigios y nuevas formas de piratería

En los últimos años, el crecimiento de conflictos vinculados a infracciones marcarias y derecho de autor se convirtió en una de las tendencias más visibles del mercado venezolano.

Rafael Ortín explica que actualmente existe una mayor demanda de asesoría relacionada con estrategias antipiratería, controles aduaneros y acciones de enforcement tanto en espacios físicos como digitales. El fenómeno se trasladó además hacia redes sociales y plataformas digitales, donde aumentaron los procedimientos de take down notice, así como los casos de phishing, suplantación de identidad y comercialización de productos falsificados.

Sin embargo, la conflictividad venezolana presenta particularidades. Según Polanco, muchos casos se originan en el desconocimiento sobre el alcance y valor de la PI. «Resulta sorprendente la cantidad de casos que pueden resolverse mediante un enfoque pedagógico», afirma.

El rezago regulatorio

Uno de los principales desafíos sigue siendo la modernización del sistema venezolano de propiedad intelectual.

Luis Henríquez considera que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina produjo un retraso significativo en materia legislativa y competitiva. «El país enfrenta un rezago normativo importante frente a las exigencias del contexto económico que se proyecta», sostiene.

A ello se suma la falta de incorporación de tratados internacionales relevantes en materia de PI, lo que amplió la distancia respecto de otros mercados de la región. Aun así, Henríquez observa una mayor coincidencia entre actores públicos y privados sobre la necesidad de modernizar el sistema y alinearlo progresivamente con estándares internacionales.

El peso de lo digital

La transformación digital también modificó el tipo de consultas que reciben las firmas especializadas. Según Ortín, aumentó el interés de empresas extranjeras vinculadas a telecomunicaciones y entretenimiento, particularmente en asuntos regulatorios relacionados con plataformas digitales.

«Hoy resulta impensable abordar el derecho de autor, el entretenimiento y la publicidad sin considerar aplicaciones móviles, redes sociales y nuevos canales de distribución», afirma. El abogado identifica oportunidades crecientes en áreas como protección de marcas en línea, monitoreo de falsificaciones y desafíos regulatorios vinculados a inteligencia artificial generativa.

En un país acostumbrado a operar bajo incertidumbre, la propiedad intelectual comienza así a consolidarse no solo como un mecanismo de protección legal, sino también como un componente estratégico para la competitividad, la inversión y la futura reinserción de Venezuela en la economía regional y global. 

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