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Edición Nº 96 | Julio/Diciembre 2025
Retos de la propiedad intelectual para la innovación en América Latina
La intersección entre propiedad intelectual, desarrollo productivo e innovación tecnológica fue uno de los principales focos del encuentro de AIPPI en El Salvador, en el que también se discutieron los impactos del nuevo marco normativo salvadoreño y el papel estratégico de la región ante los reacomodos del poder económico global.
En el impacto socioeconómico de la innovación se percibe un incremento de la productividad laboral.
El pasado mes de junio, el Grupo Centroamericano y del Caribe de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) organizó exitosamente, por segundo año consecutivo, un seminario titulado «Retos de la propiedad intelectual para la innovación en la región». Tuvo lugar en San Salvador, ciudad capital de El Salvador. Entre los temas tratados, las autoridades de ese país expusieron sobre la nueva ley de propiedad intelectual, que unifica la regulación de la propiedad industrial y el derecho de autor, y se constituye en un orden normativo de avanzada, que refleja el impulso y fortalecimiento que El Salvador le está dando a la propiedad intelectual.
En mi participación realicé un análisis del estatus de la innovación global basado en el índice mundial de innovación 2024, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), (1) como preámbulo para revisar los retos que enfrenta Latinoamérica en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denominó en su cuadragésimo período de sesiones «América Latina y el Caribe (ALyC) ante las trampas del desarrollo. Transformaciones indispensables y como gestionarlas» (Lima, 9 a 11 de octubre de 2024).
Conforme a este estudio, la región enfrenta tres trampas del desarrollo: a) una trampa de baja capacidad para crecer; b) una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; c) bajas capacidades institucionales y débil gobernanza.
Ante estas trampas o circunstancias y su transformación, así como la posible gestión para superarlas, habría que situar a Latinoamérica en la era de la geoeconomía. La doctora Julieta Zelicovich precisa que el concepto de geoeconomía se utiliza como un descriptor del estado de funcionamiento del sistema internacional, y también como una categoría para aludir a un conjunto determinado de acciones de los gobiernos. (2) Desde esta perspectiva, señala la investigadora, las dinámicas geoeconómicas refieren a las acciones en las que se ejerce poder mediante herramientas económicas para alcanzar metas de carácter geopolítico y estratégico, y ya no económico. Lo que se busca es dar forma al entorno estratégico donde se inserta un Estado e influir en el comportamiento de otros países para disuadirlos o forzarlos a tomar ciertas decisiones.
En su estudio, Zelicovich explica que, durante la última década, las transformaciones políticas y económicas mundiales han provocado un giro geoeconómico en las relaciones internacionales. Las fronteras entre las esferas económica y de seguridad se han vuelto difusas, y es cada vez más frecuente que los gobiernos recurran al poder económico como arma estratégica para alcanzar objetivos políticos o de seguridad en relación con otros Estados. De 2017 a 2024 se presentaron distintas manifestaciones que contribuyeron a identificar una oferta de tipología de dinámicas geoeconómicas que involucran a países latinoamericanos.
Entre estas dinámicas se encuentran estímulos y sanciones económicas, así como dinámicas coercitivas sobre activos y tecnologías estratégicas. Los países latinoamericanos no se han limitado a ser sujetos de estas dinámicas geoeconómicas, sino que en alguna medida han sido emisores de estas, basados en su poder de mercado para conseguir metas estratégicas, por lo que se han posicionado como usuarios con la agencia activa. Sin embargo, países como Estados Unidos y China, así como la Unión Europea, han instrumentado dinámicas geoeconómicas en los distintos países de la región.
En lo que se refiere al estatus de la innovación global, en el índice mundial de OMPI se analizan cuatro retos en las etapas del ciclo de innovación: 1) inversión en ciencia e innovación; 2) progreso tecnológico; 3) adopción de tecnología; 4) impacto socioeconómico de la innovación.
En 2023 hubo un ascenso en los cuatro rubros y destacaron áreas de innovación como las de salud (secuenciación del genoma), energía informática, baterías eléctricas, así como 5G, robótica y vehículos eléctricos. Las tecnologías verdes e indicadores ambientales presentaron un avance lento.
En el impacto socioeconómico de la innovación se percibe un incremento de la productividad laboral, reducción de la pobreza (aunque persisten niveles altos), rezagos en el impacto ambiental y un crecimiento de las emisiones de carbono.
Entre los distintos indicadores, en el de inversión en ciencia e innovación —que a su vez comprende publicaciones científicas, inversión en investigación y desarrollo, capital de riesgo y solicitudes internacionales de patentes—, los porcentajes en el corto plazo no son positivos. No así el indicador que refiere al progreso tecnológico, que incluye potencia de cálculo, coste de la energía renovable, precio de las baterías eléctricas, coste de la secuenciación del genoma y aprobación de fármacos. En este apartado, los porcentajes de 2021 a 2023 fueron positivos; de igual forma que los relacionados con la adopción de tecnología, que comprende servicios sanitarios, de conectividad (banda ancha fija y 5G), robótica, vehículos eléctricos y radioterapia de cáncer. En cuanto al cuarto indicador, repercusión socioeconómica, que comprende productividad laboral, pobreza y esperanza de vida, los porcentajes del 2021 al 2023 fueron positivos, pero se incrementaron de forma negativa los relativos al calentamiento global.
Cabe destacar que las industrias en las que más se invirtió en investigación y desarrollo y que tuvieron una mayor tasa de crecimiento en el período 2022-2023 fueron hardware, tecnologías de la información, equipamiento eléctrico, software y servicios de telecomunicación, farmacéutica y biotecnología, automóviles, construcción y metales industriales, viajes, ocio y bienes personales, así como equipamiento y servicios sanitarios.
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